Por Luis Enrique Arreola Vidal.
¿Qué diablos pasó en el IMSS?
Una pregunta sencilla. Una respuesta que duele.
Y un caso que desvela el rostro oculto de las instituciones mexicanas cuando chocan intereses, estructuras de poder y voluntad de limpiar el pantano.
José Luis Aranza Aguilar, delegado del IMSS en Tamaulipas hasta el 22 de abril de 2025, fue detenido por la Policía Estatal de Ciudad Victoria en un operativo inédito y sospechoso.
No por la FGR. No por la Guardia Nacional. No por una orden judicial.
Por los Linces estatales.
El motivo: supuestamente llevaba un arma y un maletín con 3 millones de pesos en efectivo.
Pero en esta historia nada cuadra.
Ni el procedimiento, ni la justificación, ni el silencio cómplice que vino después desde el Palacio de Gobierno de Tamaulipas.
Una guerra interna con bisturí.
Días antes de su detención, Aranza había hecho algo que pocos se atreven en un cargo público: cerrar y sellar tres oficinas clave del IMSS donde se manejan recursos delicados.
Y lo más grave —o valiente—: solicitó una auditoría nacional.
El 6 de marzo ya había destituido al subdelegado de Reynosa por irregularidades.
El 14 de abril, echó a ocho funcionarios más.
A alguien le pisó un callo…
Y ese alguien tenía patrullas.
Lo detuvieron. Lo expusieron. Y luego, las versiones oficiales comenzaron a chocar como ambulancias sin frenos.
El IMSS dijo: no hubo orden judicial, no hubo pruebas, lo liberaron.
El vocero estatal dijo: fue una revisión.
El secretario de Seguridad, Sergio Chávez, añadió que llevaba 298 mil pesos y un arma.
¿No eran 3 millones? ¿No había maletín? ¿No eran rumores?
¿Sembrado o culpable? ¿Víctima o corrupto? ¿Chivo expiatorio o mártir?
El poder huele la pólvora.
Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum exigió claridad.
Y su orden a Zoé Robledo fue tajante, según fuentes de alto nivel:
“Denúncialos ante la FGR. Que asuman sus responsabilidades. Y vamos a poner a un general que nadie lo intimide.”
La señal fue clara: en Tamaulipas está pasando algo grave.
Por eso el 28 de abril, Zoé Robledo presentó denuncia por abuso de autoridad y nombró al General Brigadier Flavio Alejandro Perea Alcaraz como nuevo encargado del IMSS.
Un militar.
No un médico.
No un administrador.
Un general para controlar una delegación médica.
¿Militarizar o blindar?
Para algunos, es una medida lógica: cuando la corrupción se enquista, se requiere disciplina y control.
Para otros, es el síntoma de un gobierno que ha normalizado la militarización de las instituciones civiles.
Pero aquí no hablamos solo de símbolos. Hablamos de hechos.
Aranza fue detenido en un operativo que jamás se habría aplicado a un delegado federal sin una instrucción directa.
Y esa instrucción solo pudo salir de una oficina: la del gobernador Américo Villarreal.
¿Directamente? ¿A través del secretario de Seguridad? ¿Por presión de terceros?
Las preguntas son muchas. Las respuestas, enterradas entre comunicados contradictorios y silencios gubernamentales.
El colapso institucional.
Este caso no es un capítulo aislado. Es el espejo de un sistema donde los delegados que se atreven a limpiar terminan en la mira.
Donde cerrar una oficina incómoda vale más que curar a miles de pacientes.
Donde combatir la corrupción no se premia: se castiga.
La llegada de un militar al IMSS no es una solución. Es una medida desesperada.
El bisturí ya no basta. Ahora necesita escolta.
Y eso habla más del tumor que de la cura.
¿Y Aranza?
¿Héroe, villano o víctima?
Tal vez nunca lo sabremos.
Pero lo que sí sabemos es que su caída fue el resultado de tocar intereses que estaban acostumbrados a operar en penumbra.
La FGR y la Fiscalía estatal (la cual no se ha dado por enterada del tema) tienen la última palabra.
Pero en México, cuando se trata de impunidad, los expedientes se enfrían más rápido que las salas de urgencias.
En Conclusión el IMSS está bajo sospecha.
Tamaulipas no necesita más generales.
Necesita verdad.
Necesita justicia.
Y necesita instituciones que no se doblen frente al poder local.
Porque si el IMSS se convierte en campo de batalla político,
los únicos que pierden…
son los enfermos que siguen esperando atención.
Y los ciudadanos que siguen creyendo —ingenuamente— que aún queda algo por sanar.
