Columna Opinión Económica y Financiera
Por Jorge A. Lera y Bárbara Lera Castellanos.
Las remesas de migrantes documentados e indocumentados hacia familiares en México hace que aproximadamente 4.9 millones de hogares y 11.1 millones de adultos reciben remesas (Fuente CEMLA, 2022).
Al cierre de 2023, 63 mil millones de dólares fueron recibidos en nuestro país. En 2024, México recibió un total de 64,745 millones de dólares en remesas, lo que representó un nuevo máximo histórico y un aumento del 2.3% respecto al año 2023 (Fuente: Banxico).
Las remesas representaron cerca del 3.5% del PIB de México en 2024. Este porcentaje subraya la importancia de las remesas como fuente de ingreso para la economía mexicana, superando incluso a otros sectores clave como la exportación de petróleo, turismo y sector agropecuario.
Medidas de Estados Unidos para restringir envío de Remesas desde la frontera con México:
En los últimos meses, el gobierno de Estados Unidos ha intensificado las medidas de control y restricción sobre el envío de dinero -especialmente Remesas- desde zonas clave de la frontera con México. Estas acciones incluyen la vigilancia reforzada de las transferencias, la recopilación obligatoria de información personal de los remitentes y propuestas legislativas para imponer impuestos significativos sobre estos envíos. El objetivo declarado es combatir el lavado de dinero y la financiación ilícita asociada a los cárteles de la droga, aunque las medidas tienen un impacto directo sobre millones de familias que dependen de las remesas.
A partir de abril de 2025, la administración estadounidense exige que centros cambiarios y empresas de envío de dinero como Western Union y MoneyGram, localizados en 30 códigos postales fronterizos de California y Texas, documenten cada transacción en efectivo entre 200 y 10,000 dólares. Los clientes deben proporcionar su número de seguro social u otra identificación oficial; quienes no sean ciudadanos o residentes legales deben mostrar pasaporte, tarjeta de residencia o documento equivalente. Esta política busca dificultar el lavado de dinero y la fragmentación de grandes sumas en depósitos menores, una técnica conocida como “estructuración”.
El Departamento del Tesoro, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha justificado estas medidas como parte de una estrategia integral para combatir el financiamiento ilícito de los cárteles y otros actores criminales en la frontera suroeste. Las empresas de servicios monetarios están obligadas a presentar informes detallados de las transacciones en efectivo dentro del umbral mencionado, además de los reportes ya requeridos por operaciones superiores a 10,000 dólares.
Propuestas de impuesto del 10%:
En paralelo a la vigilancia reforzada, existen propuestas legislativas concretas para gravar las remesas enviadas al extranjero. Destaca la iniciativa presentada por J.D. Vance, vicepresidente electo, que plantea un impuesto del 10% sobre toda transferencia internacional, argumentando que esta medida penalizaría actividades ilegales como el tráfico de drogas y personas. Los fondos recaudados se destinarían a reforzar el control fronterizo, una prioridad de la actual administración.
Algunos sectores conservadores han sugerido incluso tasas más elevadas, como un impuesto del 50%, bajo el argumento de que esto compensaría el gasto público en servicios sociales para inmigrantes indocumentados. Aunque estas propuestas aún están en discusión legislativa, reflejan una tendencia clara hacia la restricción y encarecimiento del envío de dinero fuera de Estados Unidos.
Estas medidas han generado preocupación entre empresarios de la frontera y defensores de derechos civiles. Los dueños de negocios advierten sobre el aumento de la carga administrativa y el posible alejamiento de clientes preocupados por su privacidad. Además, expertos señalan que el umbral de 200 dólares es bajo y afecta a millones de personas que envían pequeñas cantidades a sus familias en el extranjero, no solo a quienes participan en actividades ilícitas.
El seguimiento exhaustivo de las transacciones y la posible imposición de un impuesto del 10% encarecerían significativamente el envío de remesas, un recurso vital para muchas familias mexicanas y centroamericanas. Organizaciones sociales y analistas advierten que estas políticas podrían fomentar el uso de canales informales y menos seguros, dificultando aún más la supervisión y el combate real al lavado de dinero.
Las recientes acciones del gobierno de Estados Unidos representan un endurecimiento sin precedentes en la vigilancia y restricción del envío de dinero desde la frontera con México. Si bien el objetivo es combatir el financiamiento de actividades ilícitas, las medidas afectan de manera directa a la población migrante y a sus familias en el extranjero. La discusión sobre la imposición de impuestos adicionales a las remesas continúa en el ámbito legislativo, y su eventual aprobación podría transformar radicalmente el panorama de las transferencias internacionales en la región.
En síntesis, las restricciones en el envío de remesas desde Estados Unidos impactarían de inmediato a millones de familias mexicanas que dependen de estos recursos para su subsistencia, reduciendo su ingreso disponible y consumo. Esto desaceleraría la economía mexicana, especialmente en comunidades vulnerables, y podría disminuir las remesas del 3.5% a cerca del 2.6% del PIB, afectando la estabilidad social y económica del país.
