CONFIDENCIAL
Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
A casi un mes de que los ciudadanos acudamos a las urnas para elegir a jueces, magistrados y ministros, el mayor obstáculo para que este proceso sea un éxito no es la apatía, sino el profundo desconocimiento que aún prevalece entre la mayoría de los votantes.
Quizá muchos tengan una noción superficial de lo que hace un juez, pero ¿cuántos realmente entienden las funciones de un magistrado o de un ministro? ¿Quién sabe diferenciar entre uno y otro? A ojo de buen cubero, por lo menos ocho de cada diez personas no tendrían una respuesta clara.
Esa ignorancia no es culpa del ciudadano. Es, en gran medida, responsabilidad de las autoridades electorales, particularmente del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), que han sido incapaces de diseñar una estrategia eficaz de difusión y capacitación ciudadana.
La realidad es que, salvo algunos mensajes aislados y poco atractivos, no existe una campaña pública fuerte que explique a detalle qué cargos se elegirán, qué funciones tienen y por qué es importante elegir con criterio. No ha habido foros públicos masivos, debates transmitidos de forma atractiva o materiales didácticos que aterricen un proceso tan técnico para la comprensión de la ciudadanía.
Así, el uno de junio muchos votarán a ciegas. O peor aún: muchos no votarán. Y esa indiferencia será el primer fracaso de una elección que, en teoría, nació para combatir la corrupción judicial, no para reproducirla en la forma de simulación democrática.
Pero no toda la culpa es de las autoridades. Los propios aspirantes a los cargos judiciales han mostrado una alarmante incapacidad para emocionar al electorado. En parte, es cierto, han tenido limitaciones económicas serias. La ley les restringe gastos de campaña, y eso limita su alcance.
Sin embargo, también ha faltado ingenio. Pocos —o ninguno— han logrado transmitir con claridad, sencillez y pasión lo que representan. No han sabido despertar el interés ciudadano ni convencer de por qué merecen ocupar un lugar tan relevante dentro de la estructura de justicia.
En ausencia de información, y de verdadera conexión emocional con los votantes, lo que podría terminar definiendo el resultado es el viejo y oxidado mecanismo del acarreo: movilizar votantes a través de estructuras partidistas, sindicales o clientelares, como si estuviéramos eligiendo delegados de barrio, y no jueces de la república.
De ser así, el proceso judicial se convertiría en la peor de las paradojas: una elección creada para combatir la corrupción terminaría pervirtiéndose bajo las mismas prácticas que pretendía desterrar.
Todavía hay tiempo para corregir el rumbo, aunque el margen es estrecho. Las autoridades deben asumir su papel y emprender una verdadera cruzada informativa. Y los aspirantes deben dejar de ser meros rostros en carteles grises y convertirse en verdaderos portadores de una causa: la justicia limpia y cercana a los ciudadanos.
De lo contrario, el primero de junio no será una fiesta democrática, sino otra triste ceremonia de la simulación.
ASI ANDAN LAS COSAS.
