Golpe a golpe

Por Juan Sánchez Mendoza

En materia de seguridad pública, el gobernador Américo Villarreal Anaya reconoce la colaboración de las fuerzas armadas en la lucha contra la inseguridad. Y puntualmente atiende las reuniones del grupo de coordinación interinstitucional para combatir la delincuencia.

Algo que muchos de sus homólogos no hacen, cuando el punto de partida para restablecer la seguridad pública es, precisamente, evaluar frecuentemente el problema para establecer acciones conjuntas tendientes a fortalecer la vigilancia en las zonas más problemáticas.

Hasta donde sé, el acuerdo entre la Federación y los gobernadores, para enfrentar al hampa, contempla reuniones cotidianas.

Pero hay mandatarios estatales que sólo asisten de vez en cuando, dejando plantados a jefes de las zonas militares y a los delegados de la Fiscalía General de la República (FGR) como de la Guardia Nacional (GN).

Esto ha provocado que la Secretaría de la Defensa Nacional advierta que cuando en las reuniones de trabajo el mandatario estatal se ausente sin justificación valedera, los funcionarios militares y federales abandonarán la mesa.

Qué bueno que así resultare, pues no se vale que por negligencia de unos paguen los mandatarios cumplidores.

Sobre este mismo asunto, el mandatario estatal ha dejado en claro que los elementos del Ejército Mexicano y la Marina que se encuentran en Tamaulipas, realizando labores de vigilancia, continuarán haciéndolo durante el tiempo que sea necesario.

Y ha pedido más elementos de apoyo, de ser posible.

Por otra parte, sé que, en la comisión de sus fechorías, la delincuencia organizada suele utilizar a jóvenes popularmente conocidos como ‘halcones’ o ‘estacas’, que son, precisamente, quienes se encargan de avisarle a los jefes de gavillas vía radiocomunicación o al través de la telefonía celular, de los movimientos realizados por las fuerzas armadas en su cotidiano patrullaje tendiente a prevenir situaciones de riesgo o ejecutar acciones concretas en su lucha contra el crimen.

Y eso ha entorpecido el quehacer de militares, marinos y policías en gran medida.

También, por medio de las llamadas redes sociales, se sabotean los operativos, ya que son aprovechadas para advertir en lo inmediato sobre   el tránsito de las columnas de seguridad y/o hasta de su forma de actuar ante una contingencia.

Ahí se involucran un mar de cibernautas que jugándole al periodista quiere darse a notar adelantando acontecimientos, sin que le constate la información y menos los hechos, como (ya) lo hemos visto en Facebook, YouTube, X (otra Twitter), LinkedIn, Instagram y demás sitios utilizados por estos oportunistas que, por cierto, le causan grave daño al país (y en especial a Tamaulipas) con sus elucubraciones, surgidas de su misma ignorancia y mesianismo dogmático, ya que atentan contra la libertad de expresión (consagrada en nuestra Carta Magna), convirtiendo éste noble ejercicio en un pleno libertinaje para atender directrices de grupos.

Lamentablemente, algunos medios de comunicación masiva, de los considerados serios, igual han caído en el juego de adelantar escenarios en internet. Y lo mismo hacen algunas autoridades gubernamentales por su afán protagónico que las lleva a cometer deslices.

Se lo comento porque la nueva Ley de Telecomunicaciones decreta la suspensión de los sitios web que den aviso o indaguen sobre la actividad de las fuerzas armadas o instituciones de seguridad pública, pero también no violenta los preceptos constitucionales que garantizan la manifestación libre de ideas.

Es decir, se trata y no de de una ley mordaza.

Sin embargo, hay personas que sin conocer a fondo el contenido de la enmienda han pegaron de brincos, tan sólo porque la disposición permite que se sancione a quienes, en las redes sociales, o por cualquier otro medio, alerten sobre los operativos de las fuerzas de seguridad; y transmitan los operativos de las fuerzas armadas.

Y vaya que a últimas fechas pululan sintiéndose influyentes porque la autoridad ha mostrado incapacidad para meterlos al orden, en tiempo y forma, aunque en lo sucesivo se dice que ya no gozarán de inmunidad ni impunidad.

En su contenido, el documento marca dos excepciones a las penas, señalando que, si es funcionario público quien lo hace de forma posterior a que ocurran, como parte de sus funciones, no será sancionado. Igual que los medios de comunicación, siempre y cuando lo hagan después de que las acciones, operativos y labores de los elementos del orden se realicen.

Entonces, ¿pa’ qué tanto brinco siendo el suelo parejo?

En colaboración posterior ahondaré sobre los abusos que podrían cometer los funcionarios de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en su ejercicio, pues la reglamentación les otorgaría patente de Corzo para sancionar arbitrariamente a los periodistas que, al través de las redes sociales, presenten denuncias que, aunque resulten ciertas, a la burocracia no les parezca.

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