Enfoque Sociopolítico |

Por Agustin Peña Cruz*
La detención del delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas,
José Luis Aranza Aguilar, ha desatado una ola de controversia, no solo en el ámbito local,
sino también en el contexto político y jurídico del país. La Guardia Estatal de Tamaulipas lo
arrestó el 22 de abril, con un hallazgo sorprendente: presuntamente se dio a conocer que
con tres millones de pesos en efectivo y un arma de fuego sin permisos. Sin embargo, los
detalles de esta detención han sido objeto de un intenso debate, principalmente debido a la
falta de evidencia sólida por parte de los agentes que llevaron a cabo el arresto, lo que deja
en el aire la legitimidad de las acusaciones.

¿FALTÓ EVIDENCIA EN EL PROCEDIMIENTO?
La Guardia Estatal no ha presentado pruebas claras, como videograbaciones, que
respalden la legalidad del arresto. En un país donde las acusaciones de abuso de poder y
fabricaciones de pruebas son recurrentes, la ausencia de medios de prueba al momento de
la detención genera serias dudas. La falta de grabaciones o registros que justifiquen la
intervención es una falla crítica en el protocolo de seguridad y procedimiento que debería
regir a las autoridades en situaciones de este tipo.
No hay que olvidar que, en procedimientos internacionales y el Código Nacional de
Procedimientos Penales (CNPP), se considera que la presencia de grabaciones en video
durante intervenciones policiales (prueba testimonial, lo que implica un testimonio visual y/o
prueba objetiva); es ya un estándar importante para asegurar transparencia y credibilidad en
las acciones de los cuerpos de seguridad.
Si se trató de una revisión de rutina, como algunos han sugerido, entonces el arresto no
solo debería haber sido justificado con pruebas tangibles, sino también con un contexto
claro que explicara la necesidad de una detención en ese preciso momento. Si no existía
una «fragrancia» o flagrancia en el delito, el artículo 18 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que garantiza los derechos de los detenidos y
establece los procedimientos correctos en estos casos, podría haber sido violado. El mismo
artículo establece que la detención debe ser realizada con base en indicios de un crimen en
proceso, algo que, hasta el momento, no se ha demostrado en este caso.

ENFOQUE FEDERAL: ¿UNA MANIOBRA POLÍTICA O UN MENSAJE A LA JUSTICIA?
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha exigido que se investigue a fondo la situación,
sugiriendo que podría haber existido un intento de implantación del arma y el dinero en el
funcionario federal. Esta declaración es importante no solo desde el punto de vista jurídico,

sino también desde el contexto sociopolítico que atraviesa México. Ya que las palabras de
Sheinbaum apuntan a un cuestionamiento directo de la actuación de la policía estatal, lo
que podría implicar que existe una desconfianza en las autoridades estatales para llevar a
cabo una investigación imparcial. Por ello, la falta de argumentos concretos por parte de la
policía, sumada a la acusación de una posible manipulación de pruebas, abre la puerta a
interrogantes sobre la integridad del cuerpo policial y su posible involucramiento en
prácticas corruptas.
Mientras que este tipo de disputas entre los niveles de gobierno, como lo que se ha visto en
este caso, resalta la tensión constante entre el poder federal y los actores estatales. Las
autoridades federales, representadas por Sheinbaum, se posicionan en defensa de un
debido proceso, que incluye la investigación exhaustiva de las pruebas presentadas por la
policía estatal. Sin embargo, el hecho de que la Guardia Estatal no pueda respaldar su
versión con elementos de prueba tangibles podría socavar la credibilidad de la propia
Policía Estatal ante la opinión pública.

ENFOQUE SOCIOPOLÍTICO: ENTRE EL PODER ESTATAL Y FEDERAL
Hay que tener claro que este incidente pone de relieve un tema recurrente en el panorama
mexicano: las fricciones entre los distintos niveles de gobierno. Mientras el gobierno federal,
encabezado por Sheinbaum, actúa como garante de la justicia, surgen interrogantes sobre
el rol que juega el gobierno estatal en situaciones de poder local. Las redes sociales se han
convertido en un canal importante para expresar tanto el apoyo a la versión oficial de la
policía como la denuncia de posibles manipulaciones. Es una muestra más del creciente
poder de los medios sociales para influir en la percepción pública y política, aunque también
pone en evidencia la polarización de opiniones en torno a la legitimidad de las acciones
gubernamentales.
No obstante, en un país donde las instituciones están constantemente bajo escrutinio, como
lo es México, un incidente como este refleja las brechas de confianza entre las autoridades
y la ciudadanía. Por otro lado, la tensión política entre la administración de la presidenta
Sheinbaum y las autoridades estatales en Tamaulipas resalta una vez más la fragilidad de
las relaciones intergubernamentales, especialmente cuando se percibe que la justicia podría
estar siendo utilizada para fines políticos.
Pongamos en reflexión, ¿este caso podría tener implicaciones más profundas de las que
parecen a simple vista?. No se trata solo de una detención o de la posible implantación de
pruebas. La situación refleja una disputa de poder, la fragilidad de las instituciones locales y
la desconexión entre la seguridad pública y los derechos humanos.
En este sentido la creciente desconfianza entre los ciudadanos y las autoridades, la
ausencia de pruebas contundentes, sumada a las acusaciones de manipulación de pruebas,
deja abierta la puerta a múltiples interpretaciones. Será importante, en los próximos días,
observar cómo se desarrolla esta investigación y si realmente se alcanzará un proceso
judicial que garantice la transparencia y la justicia en Tamaulipas.
Nos vemos en la siguiente entrega mi correo electrónico es [email protected]

• El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones
  industriales, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad
  Pública, Periodista investigador independiente y catedrático.