Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
La detención del delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), José Luis Aranza Aguilar y de su chofer Jesús Adrián Sánchez Maldonado, por parte de elementos del ‘Grupo Lince’, policías estatales y agentes de la Fiscalía General de Justicia –ocurrida el martes que nos antecede, cuando a bordo de una camioneta circulaban sobre la céntrica avenida ‘Francisco I. Madero’, de Ciudad Victoria–, haría rodar varias cabezas de funcionarios y, por supuesto, de jenízaros abusivos. O del propio funcionario federal.
Esto, de atenderse rigurosamente la orden presidencial de investigar a fondo el suceso y proceder legalmente contra quien resulte culpable de ese aquelarre.
La narrativa periodística registra que la camioneta RAM, con placas de circulación del Estado de México en la que se trasladaban el delegado y su chofer fue perseguida por un motociclista del ‘Grupo Lince’. Pero al ignorar, sus tripulantes, el llamado a detenerse, el uniformado pidió refuerzos y una vez copado el vehículo procedieron a:
1) Someter por la fuerza al delegado y su chofer;
2) Esposarlos, aunque el funcionario federal mostró resistencia; y
3) Inspeccionar la unidad automotriz, en cuyo interior hallaron un arma de fuego y tres millones de pesos en efectivo.
Los videos y las fotografías que circularon (profusamente) en las redes sociales, constatan que en la cajuela hay una maleta con billetes.
Ante ello, la vocería de Seguridad Pública estatal dijo no tener informe, en ese momento, de la detención; y que si ésta hubo ocurrido fue quizás de rutina.
Pero horas después confirmó la detención del funcionario, asegurando que, tras la inspección ocular al interior del vehículo, ‘con el consentimiento de los tripulantes’, no se encontró algún indicio constitutivo del delito, por lo que se procedió a su liberación, sin que se dieran a conocer los motivos de su detención ni las razones de su liberación.
El delegado del IMSS asegura que el arma de fuego le fue ‘sembrada’, pero no refiere explicación alguna sobre el dinero en efectivo.
Y es aquí, precisamente, cuando surgen interrogantes:
1) El motociclista del ’Grupo Lince’, que persiguió la camioneta, ¿tenía información de que ésta transitaba ilegalmente?
De ser así, debió avisar a la Dirección de Tránsito municipal.
2) ¿Sabía, el mismo motociclista, que el vehículo lo abordaban sujetos relacionados con grupos delincuenciales? ¿O sólo cumplía órdenes?
Como fuere, pidió apoyo policial, acudiendo un mar de uniformados de manera casi inmediata, como si estuvieran esperando el llamado.
3) Una vez maniatado el delegado, como consta en las imágenes, y al supuestamente visualizar un arma de fuego y +/- tres millones de pesos en efectivo, ¿por qué no fue remitido a una agencia del Ministerio Público?
Lo llevaron con el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, quien no tiene ninguna autoridad en la procuración de justicia, ni por supuesto tampoco en la impartición de ésta, por lo que es un absurdo y deleznable la actitud de los uniformados.
El secretario de la Seguridad Pública en Tamaulipas, Sergio Hernando Chávez García, nada ha externado al respecto, siendo que es responsable de las acciones ejecutadas por corporaciones policiales estatales; tampoco el fiscal Irving Barrios Mojica, jefe de los elementos que, con lujo de fuerza, sometieron al delegado del IMSS.
En ‘la mañanera’ de anteayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el tema.
Y de cara a ella, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, dijo que, hasta donde tiene conocimiento el delegado no llevaba consigo dinero ni armas, al momento de ser interceptado.
Dijo, también, que son falsos los reportes que indicaban que el doctor Aranza Aguilar había sido trasladado a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR).
La respuesta presidencial fue contundente:
“Solicito a la Fiscalía del estado revise lo ocurrido porque el agraviado dijo que los policías le plantaron el arma”-
El caso le fue presentado durante su reunión cotidiana con el gabinete de seguridad y expresó que, en caso de encontrarse culpables, los policías responsables de la detención deben ser sancionados; y que, de hallarse el delegado inmiscuido en ilícitos, se le castigue.
La jefa del Ejecutivo federal le da un voto de confianza al delegado del IMSS, ciertamente, por lo que hay tres funcionarios estatales que obligados están a resolver el asunto: ‘El Calabazo’, Chávez y Barrios, so pena de que salgan ‘chispeados’.
Lo más grave del caso, sería que la detención del delegado haya sido:
a) Por haber informado a la Federación cuanta corrupción existe en el IMSS; y/o
b) No acceder al chantaje de los grupos de interés, que controlan los contratos en esa institución para la adquisición de medicamento y equipo.
En fin, cada cual, desde su propia trinchera –no la ‘vietnamita’, de la periodista María Guadalupe Jaramillo Alanís–, tendrá que defenderse.
Claudia Sheinbaum, por ser la presidenta de México, desde luego, ya sabe lo que ocurrió realmente.
Así que ahora le toca al gobernador, Américo Villarreal Anaya, poner orden y desprenderse de quienes dañan a su administración.
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