CONFIDENCIAL
Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
El plazo se venció. El pasado 22 de abril marcó el último día para que alcaldes, exalcaldes, sus tesoreros y síndicos, y los titulares de entes públicos estatales, entregaran las aclaraciones correspondientes sobre el destino de 13 mil 500 millones de pesos de la cuenta pública 2023. Una cantidad exorbitante que, de momento, continúa en el limbo.
Así lo había sentenciado el Auditor Superior del Estado, Francisco Noriega Orozco, con una advertencia clara y sin matices: quien no justificara las observaciones podría ser destituido y enfrentar procesos penales. Dicho de otro modo, ir a prisión. Así de severa fue la advertencia. Así de grande es ahora la expectativa.
Según el propio Noriega, la mayor parte de ese dinero —11 mil 465 millones de pesos— está en manos de gobiernos municipales, y particularmente de las Comapas, esas eternas cajas chicas del desorden administrativo. Algunas alcaldías, sin embargo, destacaron por su desfachatez presupuestal.
La de Matamoros, presidida hasta hace poco por el ahora diputado federal Mario “La Borrega” López, arrastra observaciones por casi 5 mil millones de pesos.
Otros ayuntamientos tampoco cantan mal las rancheras: Ciudad Mante debe justificar 486 millones, Victoria otros 439, Altamira 294, Río Bravo 262 y Tampico 237 millones de pesos. Cada cifra es, por sí sola, un escándalo. Todas juntas, una afrenta a la ciudadanía.
Y aún faltan los entes estatales. Entre ellos, la Secretaría de Salud, la UAT durante el rectorado de Guillermo Mendoza, el Instituto del Deporte y la Universidad Tecnológica de Matamoros, que suman más de 2 mil millones de pesos sin justificación comprobable. La constante: erogaciones sin evidencia documental, un clásico del saqueo institucional.
Con el plazo cumplido, la pelota está de nuevo en la cancha del auditor Noriega. Ya no hay espacio para discursos ni boletines. Ahora le toca probar que sus palabras tenían peso, y que su función va más allá de la exhibición: es momento de actuar con consecuencias.
Porque si bien es importante detectar irregularidades, lo fundamental es sancionarlas. Meter a la cárcel a quienes desviaron recursos. Embargarles propiedades. Recuperar el dinero público que se esfumó entre facturas falsas y obras fantasmas. Todo lo demás es simulación.
La ciudadanía ya no se conforma con auditorías de papel. Quiere ver resultados tangibles. Quiere creer, por una vez, que eso de que “el que la hace la paga” no es solo un eslogan. La credibilidad institucional está en juego. Y Noriega lo sabe.
Él fue quien empeñó su palabra. Él fue quien estableció el plazo. Pues bien: el plazo se cumplió… y ahora el plazo es para él. O cumple con lo que prometió, o será recordado como uno más que levantó la voz para luego esconder el expediente en un cajón.
El tamaño de la corrupción documentada exige respuestas del mismo calibre. No bastan sanciones administrativas ni recomendaciones tibias. Lo que Tamaulipas necesita es un golpe de autoridad que sacuda al sistema y advierta que el desfalco público ya no será tolerado como costumbre de gobierno.
Porque si esta oportunidad se diluye, si todo queda en carpetas dormidas y declaraciones sin destino, no solo se habrá perdido otro capítulo de rendición de cuentas: se habrá perdido la última pizca de confianza que la ciudadanía todavía guarda en sus instituciones fiscalizadoras.
ASI ANDAN LAS COSAS.
