Golpe a golpe

Por Juan Sánchez Mendoza

El desinterés ciudadano, en cuanto al proceso para elegir juzgadores el día 1 de junio próximo, es consecuencia de una mala estrategia informativa, no solo atribuible a las autoridades especializadas en materia electoral, puesto que, por mandato judicial, también están involucrados los poderes ejecutivo y legislativo.

En la pifia difusora, por cierto, quienes más han fallado son los mismos candidatos a ministros, magistrados y jueces, al no hacer campaña como lo amerita una elección de tal envergadura, optando por tirarse a la hamaca y, desde el confort, promover sus aspiraciones a través de las redes sociales.

Sin embargo, hasta en eso escatiman tiempo al no saber utilizarlas y/o adolecer de propuestas reflexivas para la reconstrucción del Poder Judicial, por lo que (casi) todos recurren a la trillada letanía de que buscan un cargo para limpiar la podredumbre del sistema administrador de justicia.

He revisado, someramente, algunos listados de aspirantes a ministros, magistrados y jueces –en sus diversas modalidades–, encontrándome con identidades que no hacía en este mundo –y, por supuesto, tampoco ellos a mí–, lo que me llevó a revisar sus antecedentes como abogados (que son), y me sorprendió que, en su mayoría, carezcan de carrera judicial.

Pero por disposición legal, son elegibles a los cargos que pretenden.

Obvio es que todo ciudadano tiene derecho a ser promovido a carteras de mayor responsabilidad en el servicio público siempre y cuando acrediten el conocimiento práctico y teórico requerido, pero en el sistema judicial creo que la experiencia profesional, como el conocimiento del marco jurídico son fundamentales para acceder a una posición juzgadora.

Esto, amén de haber acreditado exámenes de confianza y acreditar su honorabilidad, si acaso en verdad la intención es contratar a sujetos probos en lo que sería el nuevo sistema judicial. Tanto a nivel federal como estatal, pero ambos aspectos no los considera la convocatoria.

Por otra parte, los 100 millones 537 mil 828 electores que aparecen en la lista nominal, al corte correspondiente al 10 de abril próximo pasado, que hizo el Instituto Nacional Electoral (INE), en lo general no se notan atraídos por este proceso, aun cuando los mensajes televisivos los bombardeen día tras día con spots cuyos contenidos resultan simplones.

De ahí la necesidad de rediseñar la estrategia informativa del proceso, a fin de despertar el interés ciudadano.

Respecto a las autoridades electorales, legislativa y gubernamental, se podrían establecer conjuntamente ‘cápsulas’, para explicar en qué consiste cada cargo en disputa y las atribuciones de cada juzgador. Pero usando un lenguaje llano, entendible para todos los sectores poblacionales; y no como se hace actualmente.

En cuanto a los aspirantes, estos debieran ser obligados a caminar sin temor a empolvarse los zapatos en las demarcaciones a las que pretenden representar judicialmente. Al menos para conocerlos físicamente, pues dan la impresión, la mayoría, de sentirse tocados por el ser divino y aguardar su bendición el día ‘d’.

Al menos, en lo particular, no conozco a ningún candidato… todavía.

Y eso que son muchos, a los diversos cargos en disputa. Pero acudiré a votar por ser un derecho y una obligación ciudadana.

Empero, cerca del 99 por ciento de mis vecinos, familiares, amigos y/o conocidos, al preguntarles qué tanto les interesa este proceso, coinciden al afirmar que, ¡les vale madre!, por ser la misma gata, pero revolcada.

¡Up!

¿Tienen razón, o no?

Sí, por una parte, pues suponen (igual que yo), que las cartas ya están marcadas. Tanto a nivel federal como estatal.

Y no, porque participando en esta elección podría impedirse que falsos defensores de la legalidad acceden a los cargos, sólo para cumplir órdenes de sus cofradías.

Ahora bien, en caso de que no se robustezca la campaña informativa y se anime el interés ciudadano, el proceso será un fiasco, siendo ‘rescatado’ por la estructura oficial para darle validez, con un mendrugo de votos.

Estamos a 40 días, incluido éste, de celebrarse la jornada comicial; así que tiempo hay suficiente para disipar dudas con una difusión oportuna por parte del INE y, en su caso, del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM).

La elección contempla 45 cargos del Poder Judicial de la Federación: ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); cuatro magistrados del Tribunal de Disciplina (de reciente creación para el sistema judicial); cinco magistrados del Tribunal Electoral (dos de la Sala Superior y tres de la Sala Regional cuya sede se ubica en Monterrey); 13 jueces de distrito –dos del sistema penal acusatorio, tres laborales, seis mixtos y dos penales–, y 13 magistrados de circuito: cuatro en las materias administrativa y civil; seis en asuntos penales y trabajo; uno de apelación y dos mixtos.

En cuanto a la renovación del Poder Judicial en Tamaulipas –que aún está en manos de la gavilla que comanda Francisco Javier García Cabeza de Vaca–, en este proceso concurrente –o convergente, según estimación de las autoridades electorales–, se elegirán 147 juzgadores: 11 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia; tres magistrados de las salas regionales (sur, centro y norte); cinco magistrados del Tribunal de Disciplina, de reciente creación; y 128 jueces de primera instancia y menores, para atender asuntos de lo familiar (22), civil (14), ejecución penal (5), penal tradicional (6), laborales (8); mixtos civiles, familiares y penales (11); juzgados menores (20), penal acusatorio (35), justicia para adolescentes (16) y ejecución de medidas (1).

La numeralia, es importante, ciertamente, para la estadística.

Pero eso no disipa las dudas ciudadanas.

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