Por Agustin Peña Cruz
Tampico, Tamps. – Mientras la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya,
protagoniza la resolución de un litigio sobre un predio que involucra una permuta superior a
los 38 millones de pesos, más de un centenar de jubilados y pensionados del Ayuntamiento
denuncian una realidad paralela: sobreviven con pensiones quincenales que oscilan entre
los 500 y los 2 mil pesos, situación que califican como una afrenta a su dignidad tras
décadas de servicio público.

Con recibos de nómina timbrados como prueba tangible, integrantes de la Unión de
Jubilados y Pensionados del Republicano Ayuntamiento de Tampico hicieron pública la
situación que enfrentan, evidenciando lo que consideran una política excluyente e injusta
por parte del actual gobierno municipal.
“¿Dónde quedó ese gobierno que se dice humanista, que asegura estar con el pueblo?
Nosotros, los que dimos los mejores años de nuestra vida al servicio del municipio, ahora
somos invisibles”, reclamó Servando Mata Trejo, presidente de la asociación civil, quien
hizo un llamado a la alcaldesa —hermana del gobernador Américo Villarreal Anaya— para
que atienda personalmente esta problemática que arrastra más de seis meses sin recibir
una audiencia.
La comparación que realiza Mata Trejo no es menor. Equipara los montos recibidos por los
pensionados tampiqueños con los que se perciben en países de economías centralizadas
como Cuba, lo cual, en su opinión, evidencia un rezago institucional que no puede
justificarse bajo ninguna narrativa de progreso o justicia social.
Mientras algunos temas administrativos se resuelven en semanas, como el reciente caso
del predio en disputa que involucra a un pastor evangélico y una operación millonaria, la
petición básica de los extrabajadores municipales —una reunión formal para expresar sus
necesidades— permanece en el limbo.
A ello se suma la falta de acceso a servicios médicos especializados, una necesidad
urgente dada la avanzada edad de los afectados. “En el pasado existían convenios con
hospitales particulares para poder atendernos con dignidad. Hoy ni eso tenemos”, denunció
Mata Trejo.
La situación pone en tela de juicio la coherencia de un gobierno que ha abanderado un
discurso de cercanía con los sectores vulnerables. Para los pensionados, la omisión no es
sólo económica, sino profundamente simbólica: representa el olvido institucional hacia
quienes contribuyeron al desarrollo de la ciudad.
“Nosotros no pedimos favores, pedimos justicia. Exigimos el derecho a vivir con dignidad”,
concluyó el líder de la agrupación, mientras sus compañeros —con documentos en mano—

reafirmaban su disposición a seguir visibilizando un problema que consideran una herida
abierta en el corazón del servicio público tampiqueño.