Golpe a golpe

Por Juan Sánchez Mendoza

Hay delitos cometidos por ex funcionarios de la administración pública que, hasta la fecha, no ha sustentado jurídicamente la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por lo que tampoco han sido judicializados.

Pero están a punto de prescribir.

Son, regularmente, los que atañen a las denuncias presentadas por la Contraloría estatal y la Auditoría Superior, tras descubrir irregularidades en el manejo del erario, por supuesto.

En este mismo espacio, ya le he comentado que en la oficina de Jesús Eduardo Govea Orozco están hacinadas +/- mil carpetas de investigación, en las que aparecen más de 550 ex funcionarios públicos involucrados en el saqueo a las arcas gubernamentales, pero, a la fecha, solamente hay un sentenciado, otro encarcelado (de manera preventiva) y ocho tienen órdenes de aprehensión, aunque se reservan sus identidades, con el rollo de la secrecía en toda pesquisa.

Esto, derivado de las 90 denuncias presentadas ante esa instancia por la administración central y las (+/-) 20 promovidas por distintos Organismos Públicos Descentralizados (OPD’s), según revelara la ex consejera jurídica del Gobierno estatal, Tania Gisela Contreras López, el pasado 24 de enero, al cuestionársele por qué la dilación para proceder contra corruptos.

No obstante, el fiscal anticorrupción, Jesús Eduardo García Orozco, ha dicho que son 790 las carpetas de investigación: 90 por denuncias de la administración central y 40 promovidas por la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría.

¿Quién tiene la cifra real?

Cuantitativamente, sería lo de menos.

Lo cierto, es que el gobernador Américo Villarreal Anaya públicamente ha sostenido que, al asumir el cargo, encontró un panorama deprimente, porque su antecesor (Francisco Javier García Cabeza de Vaca) ‘orientó’ su régimen al latrocinio y la apropiación de recursos públicos, acusando que la rapacidad y el cinismo fueron en la anterior administración una constante.

Y desde entonces apostó a que se hiciera justicia a los tamaulipecos.

Pero ésta no llega por la dilación para integrar las carpetas que serían remitidas al Poder Judicial estatal.

Esto me hace suponer que:

a) Hay fallas en la presentación de denuncias, al no estar debidamente documentadas;

b) Dilación por parte de la Fiscalía Anticorrupción por tampoco integrar a tiempo y en forma las promociones judiciales; y/o

c) Ineficiencia de la consejería jurídica y del fiscal anticorrupción, quien, por cierto, ya cumplió cinco meses en este cargo sin haber dado resultados efectivos, aunque antes de ser habilitado como tal tuvo conocimiento pleno de las atrocidades cometidas por la gavilla cornamentada y muy poco, casi nada, se ha atrevido en procurar el castigo que ésta merece.

Tan es así que a la fecha no hay todavía la judicialización esperada. Y es preocupante porque existen delitos que están por prescribir.

Atractivo estatal

Las playas de Tamaulipas son el atractivo primordial de los vacacionistas neoleoneses, que durante décadas han abarrotado Bagdad, Miramar y la Costa Lora, localizadas en Matamoros, Madero y Soto la Marina, respectivamente.

Bien lo sabe el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, quien no se ve dispuesto a acordar con su homólogo tamaulipeco, Américo Villarreal Anaya, instalar en los tramos carreteros que intercomunican ambas entidades (del Noreste) un operativo especial para garantizar la presencia de las fuerzas estatales y federales a partir del día once del mes que cursamos, en que inicia el asueto de Semana Santa, y hasta el último minuto de este mismo mes, inclusive.

Por el contrario, hay funcionarios del gobierno neoleonés que insisten en recomendarle a sus paisanos no ir a las ciudades fronterizas ni a otros municipios tamaulipecos, hasta que no tengan al 100 por ciento la certeza de que la seguridad ya está restablecida.

Incluso, sobre este particular sugieren que ‘lo mejor es sacarle la vuelta al paso por Reynosa, en el caso de quienes van a McAllen o Texas (sic)’; y en cuanto a sus paisanos que acostumbran dar el ‘playazo’, tienen la certeza de que su llamado impedirá que viajen a las playas que mucho acostumbran, como son Bagdad, Costa Lora y Miramar.

Cicuta

Si la directora del DIF-Victoria, Alejandra Reyes González, está inconforme con la administración municipal, haría bien en renunciar, pues su acusación contra el alcalde, además de infundada (por falta de pruebas), es ordinaria.

 El munícipe está en todo su derecho de echarla del cargo, por haberle perdido la confianza. La razón y la legalidad le asisten.

Entonces, ¿por qué tolerar al enemigo en casa?

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