Golpe a golpe

Por Juan Sánchez Mendoza

Ante el desinterés que muestra la ciudadanía sobre el proceso electoral, se ha puesto en marcha una estrategia para promocionar su participación, por lo que toca a los poderes Ejecutivo y Legislativo, que consiste en impugnar la prohibición del Instituto Nacional Electoral (INE) para que intervengan en la contienda.

En este sentido, la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales (Legipe) es muy clara, pues su artículo 504 estipula que: la promoción de la contienda es atribución exclusiva del INE.

Empero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no está de acuerdo y ha adelantado que impugnará esa determinación, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lo mismo harán el diputado federal Ricardo Monreal Ávila y el senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, como la dirigente de Movimiento Regeneración Nacional (morena), Luisa María Alcalde Luján, quien incita a los legisladores de su partido a promover el voto con la pinta de bardas y la contratación de espectaculares.

En su cuenta ‘X’, refiere Alcalde Luján: “La decisión del INE de prohibir que los tres poderes del estado informen y promuevan la participación de la ciudadanía en la elección del poder judicial, así como las severas limitaciones para que las y los candidatos se den a conocer, atenta contra cualquier lógica democrática. Hasta pareciera que lo que buscan es que la población no sepa ni participe en la elección histórica que ocurrirá el próximo 1 de junio’.

Lo que no dice Luisa María, ni reconocen Claudia, Ricardo ni Gerardo, es que esa disposición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales quedó aprobada en el Congreso de la Unión el 14 de octubre de 2024, precisamente con el voto mayoritario de los legisladores de morena y sus aliados.

Entonces, ¿de qué se trata?

Cargos en disputa

En este mismo espacio le he comentado que el proceso para la elección de juzgadores federales y estatales, requiere la difusión profusa por parte de las instituciones encargadas de organizarlo; y ésta, por supuesto debe ser gradual y sencilla, porque si bien es cierto que la población (en su mayoría) coincide en la necesidad de limpiar el sistema judicial, también es cierto que ha faltado precisar algunas determinaciones, técnicas y legales, en cuanto a las campañas y la participación ciudadana.

Estamos a 57 días –incluido éste– de celebrarse la jornada comicial; así que tiempo hay suficiente para disipar dudas con una difusión oportuna por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), y/o, en su caso, del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), a fin de que este ensayo democrático no resulte un fracaso, como lo anticipan los ultraderechistas y neoliberales, en respuesta al aseo que se hará a un sistema pútrido.

La elección en Tamaulipas, contempla 45 cargos del Poder Judicial de la Federación: ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); cuatro magistrados del Tribunal de Disciplina (de reciente creación para el sistema judicial); cinco magistrados del Tribunal Electoral (dos de la Sala Superior y tres de la Sala Regional cuya sede se ubica en Monterrey); 13 jueces de distrito –dos del sistema penal acusatorio, tres laborales, seis mixtos y dos penales–, y 13 magistrados de circuito: cuatro en las materias administrativa y civil; seis en asuntos penales y trabajo; uno de apelación y dos mixtos.

En cuanto a la renovación del Poder Judicial en Tamaulipas –que aún está en manos de la gavilla que comanda Francisco Javier García Cabeza de Vaca–, en este proceso concurrente –o convergente, según estimación de las autoridades electorales–, se elegirán 147 juzgadores:

+ 11 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia;

+ Tres magistrados de las salas regionales (sur, centro y norte);

+ Cinco magistrados del Tribunal de Disciplina, de reciente creación; y

+ 128 jueces de primera instancia y menores, para atender asuntos de lo familiar (22), civil (14), ejecución penal (5), penal tradicional (6), laborales (8); mixtos civiles, familiares y penales (11); juzgados menores (20), penal acusatorio (35), justicia para adolescentes (16) y ejecución de medidas (1).

La numeralia, es importante, ciertamente, para la estadística.

Pero no más que la esencia del proceso, pues éste entraña un cambio drástico del sistema judicial que, por décadas, estuvo al servicio de gavillas coludidas con los presidentes en turno, en el caso del STJN, y mandatarios estatales, respecto a los tribunales domésticos.

La corrupción de ministros, magistrados y jueces era y es la constante, pese a los millonarios emolumentos que cobraban y cobran aún, por según impartir justicia.

De ahí la necesidad de que, en el caso de Tamaulipas, el INE, como el IETAM tengan la obligación explicarles a los electores en qué consiste este proceso pues, hasta donde observo, asoman complicaciones por el número de cargos a elegir.

Y lo peor de este asunto, es que todavía no conocemos la identidad de los candidatos a ocupar las posiciones en juego.

De cualquier forma, este proceso es histórico en el país y es necesario por supuesto, porque entraña desterrar la podredumbre del sistema judicial al servicio de las mafias políticas, empresariales, sindicales y especímenes diversos.

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