Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
Hasta donde sé, el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) aún analiza si existen las condiciones necesarias para montar debates entre aspirantes al Poder Judicial del estado.
Y en caso de darle luz verde a los encuentros, estos podrían montarse en espacios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), como lo ha comentado Mayra Gisela Lugo Rodríguez, quien es consejera electoral y la presidenta de la comisión de debates del IETAM.
Ante ese panorama, varios aspirantes a ser juzgadores han expresado públicamente su interés por el debate que contempla la nueva ley electoral.
Pero son los menos.
En cambio, la mayoría rehúsa tocar el tema.
Y quienes lo abordan, pero tampoco impulsan el intercambio de ideas, aducen que, hasta esta fecha, las condiciones resultan inapropiadas.
De cualquier forma, es buen momento para aclarar que un debate es el encuentro entre pares –basado en la discusión y la controversia–, cuyo propósito busca desde el inicio exhibir dos o más posiciones encontradas en torno a un tema, programa o conflicto.
El objetivo principal consiste en hacer que las partes antagónicas, de cara al público, defiendan y/o critiquen (con argumentaciones sólidas) los supuestos que sustentan a través de la confrontación verbal. Pero guiados por un moderador que se supone debe ser una persona neutral, equilibrada y profesional.
La importancia de esta lid, estriba en acercar a la audiencia las formas distintas en que se concibe una realidad, permitiéndole asumir su propia postura tras reflexionar en torno a lo expuesto.
En este proceso electoral, es indudable que el debate podría resultar un ejercicio saludable para escuchar a los candidatos a juzgadores. Sobre todo, si se busca una contienda altamente participativa y competitiva, en la cual los aspirantes a ministros, magistrados y jueces buscarían convencer al votante sobre la viabilidad y justeza de sus propuestas.
Sin embargo, creo pertinente aclarar que no todo debate es viable ni constructivo para los actores involucrados; o la sociedad que, en menor o mayor nivel, está pendiente de las diversas expresiones, manifestadas en torno suyo.
Para que un debate pueda concretarse exitosamente, primero deben existir las condiciones propicias de equidad, en todos los aspectos, cierto.
Máxime cuando se pone en juego el destino judicial de Tamaulipas.
Es decir, antes de alentar una discusión pública de tal naturaleza, se requiere analizar si los personajes a invitar son merecedores al debate y tienen similares posibilidades de triunfo en esta contienda; aparte de otro esencial atributo: haber dado muestra de responsabilidad, ecuanimidad y profesionalismo en su ejercicio jurídico.
Consigno lo anterior, porque de nada valdría que se llevaran a cabo encuentros desiguales o estériles, donde algunos personajes exhibieran falta de dominio legal, credibilidad y de propuestas sensatas, mientras que otros asomaran prendas totalmente opuestas.
Entonces, resulta obvio que toda discusión pública en materia jurídica, en torno a la problemática que enfrenta todavía el sistema judicial, sólo sea admisible entre pares. Ello como un acto de elemental justicia, que además significaría para el espectador la posibilidad de enriquecer su percepción en torno a los adversarios y su capacidad en el manejo de las leyes.
En lo personal, convencido estoy de que en todo el estado se registra una incipiente cultura del debate. Más ahora, cuando por vez primera se pondrán a votación cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, en el caso de Tamaulipas, absolutamente todos los del Supremo Tribunal de Justicia (STJ).
Por tanto, creo que las polémicas públicas, ya en forma abierta y/o directa, debieran realizarse cuando existan condiciones adecuadas y no haya posibilidad de que uno de los contendientes se monte en la fama de otro.
Ni puedan tergiversarse o manipularse las posturas encontradas.
Lo mejor, entonces, sería coadyuvar a que los ciudadanos eleven su capacidad de reflexión y análisis (en torno a la recomposición del sistema judicial) de manera sistemática desde los lugares donde estudian, viven, trabajan y votan, mediante esquemas y propuestas serias, que frenen la tentación de aventureros, aprendices de brujo y falsos profetas que suelen faltar a la verdad en toda oportunidad, sin el menor remordimiento ni pudor.
La primera
Tania Gisela Contreras López, quien aspira ser magistrada del STJ, aduce en su cuenta de Facebook que fue: la primera mujer designada secretaria general, en dos ocasiones, del Congreso local; la primera mujer presidenta del IETAM; y la primera mujer consejera jurídica del gobierno estatal.
Pero no dice, por cierto, que también ha sido la primera encargada del área jurídica gubernamental que ha perdido casi todos los juicios en contra de la gavilla que comanda Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por no sustentar claramente las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción.
Entonces, ¿cómo darle un voto de confianza a quien tanto yerra en su conocimiento de la legalidad?
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