Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
El inicio de las campañas de candidatos a juzgadores federales y estatales, tal cual se pronosticó desde el arranque mismo del proceso para renovar al poder judicial, no le interesó a la inmensa mayoría del electorado.
Tampoco, hasta la víspera, el desarrollo de su proselitismo.
Esto a consecuencia de que 1) son pocos los ciudadanos que conocen a los aspirantes; 2) falta de información oficial para saber, al menos, en qué consistirá su función; y 3) cuál será el área de su competencia.
Las limitaciones que a nivel federal les ha impuesto a los candidatos el Instituto Nacional Electoral (INE) para promocionarse, las replica el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM).
Son éstas:
a) Que las participaciones en medios de comunicación masiva quedan limitadas a una invitación, por escrito, por parte del medio de comunicación masiva ‘interesado en entrevistarlos’;
b) Podrán, los aspirantes, difundir su trayectoria profesional, méritos y visión sobre la función jurisdiccional y la impartición de justicia, así como su propuesta de mejorarlas, sólo de manera impresa, en papel que deberá ser reciclable y fabricado con materiales biodegradables, limpios de sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente.
4) Queda prohibida la contratación por sí, o por interpósita persona, de tiempos de radio y televisión con fines de promoción, espacios publicitarios y de promoción personal en medios de comunicación impresos o digitales.
5) Los candidatos podrán hacer uso de las redes sociales y/o medios digitales para promocionarse, siempre y cuando no impliquen erogaciones para potenciar o amplificar sus contenidos.
A esas limitantes, se suma el gasto risible que les fue autorizado para su campaña: de 63 mil pesos, hasta 954 mil, según la cartera que busquen en este proceso.
Lo peor de esas imitantes, para darse a conocer públicamente, son las propias limitaciones personales y/o profesionales de los aspirantes, ya que, en su mayoría no son luminarias en materia de derecho y quienes más han aparecido en la prensa, durante los dos últimos años, regularmente son los que están involucrados en alguno de los tres poderes estatales, aunque de ellos pocos son los que se salvan en la comisión de pifias jurídicas.
Unos por torcer la ley en favor de grupos de interés político y otros por incapacidad y desconocimiento del marco legal que nos rige.
Inclusive, casi todos son desconocidos para la sociedad, todavía, ante la irresponsabilidad del IETAM para difundir las listas en todos los rincones del estado; así como la trayectoria de cada uno de los candidatos para que, al menos, sepamos a qué se han dedicado en los tiempos recientes.
Ciertamente, las redes sociales cubren casi todos los sectores de esta sociedad ávida de justicia y de juzgadores imparciales, por lo que brinda un voto de confianza a la renovación del Poder Judicial estatal, según observo por los comentarios ahí vertidos, aunque estos coinciden, generalmente en el reclamo del por qué no se difunde oficialmente quién es quién.
Los aspirantes tratan de llenar el hueco, cierto, pero sin éxito aparente.
Y no lo tienen porque repiten la gastada letanía, casi al pie de la letra, de que con esta elección se erradicarían la corrupción y otros lastres del sistema judicial, que son precisamente el fundamento de la renovación del Poder Judicial.
Pero no ofrecen soluciones para eliminar esos vicios, ni ofertas sobre el método o las prácticas a ejercer, ellos, de acceder al cargo que buscan.
Aunado a eso, la mayoría de los candidatos todavía no se ensucian el calzado en las banquetas, siendo que tienen obligación de recorrer la zona en que pretenden ser juzgadores, así que se han ido por lo más sencillo: el uso de las redes sociales.
En fin, este baile apenas comienza.
Golpe a huachicoleros
El aseguramiento de un narco-buque, 10 millones de litros de diésel, varios contenedores, tracto camiones y otros vehículos automotores, equipo de cómputo y materiales diversos, que ñas fuerzas federales de seguridad pública realizaron en el puerto de Altamira, marca un precedente sobre el combate al crimen organizado.
Y eso, creo es sólo el inicio de una investigación que conforme avance sacará a relucir identidades de personajes ligados al huachicoleo.
La nota le ha dado la vuelta al contienen americano, por lo menos, por lo que el gobierno estadounidense ya no tiene pretexto para segur diciendo que en México se tolera a los grupos criminales, pues por descontado se da que el combustible decomisado sería trasladado a puertos de la Unión Americana y más allá.
Hasta el cierre de esta colaboración, no se reportaron detenidos.
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