Por Luis Enrique Arreola Vidal.
Comienza el ritual político disfrazado de participación ciudadana. Las corbatas se ajustan, los discursos se ensayan, y mientras tanto, la promesa de una justicia independiente se diluye en el teatro del poder. La elección del Poder Judicial —o más bien, la puesta en escena para legitimar lo ya negociado— arranca entre aplausos tibios, candados invisibles y una democracia a medias. Lo llaman elección, pero huele a dedazo con lente democrático.
El telón se levanta con 3,422 aspirantes, 881 cargos judiciales en juego y un escenario decorado con discursos sobre “soberanía popular”. Pero debajo del maquillaje constitucional, lo que realmente arranca es un reality show institucional. Un episodio inédito en la historia judicial de México, donde los jueces hacen campaña sin voz, los ciudadanos votan sin información, y el pueblo elige sin poder elegir.
Una elección sin transparencia efectiva.
Este proceso carece de debates públicos, acceso equitativo a medios y financiamiento oficial para los candidatos. La ausencia de estas herramientas convierte la elección en un espectáculo opaco que privilegia la obediencia al libreto político sobre la meritocracia. Según cifras recientes, más del 90% del electorado no participará; no porque falte interés, sino porque el diseño de este sistema es incomprensible para la mayoría.
Sin rostros, sin propuestas y sin contraste real entre opciones, el pueblo se convierte en espectador de un simulacro democrático.
Lecciones del pasado: Venezuela y Nicaragua.
Ejemplos internacionales como Venezuela bajo Chávez y Nicaragua con Ortega demuestran los riesgos de una elección judicial controlada por el poder partidista.
En ambos casos, la independencia judicial fue desmantelada en favor de agendas políticas, dejando una sociedad desprotegida ante los abusos del gobierno.
¿Cómo salvar la justicia mexicana?
El panorama es sombrío, pero no irreversible. Se necesitan reformas urgentes que incluyan:
Debates abiertos que permitan evaluar la preparación y autonomía de los aspirantes.
Acceso igualitario a medios y financiamiento público, para que el electorado conozca las propuestas y perfiles.
Contrapesos efectivos que garanticen que la elección refleje independencia y no alineación partidista.
La justicia no se elige, se construye.
En México, el Poder Judicial necesita proteger su independencia y autonomía.
No se trata de simular legitimidad, sino de defenderla con procesos transparentes, equitativos y participativos. Sin esto, seguimos atrapados en una coreografía donde el pueblo solo sirve para aplaudir, el guion ya está escrito y el protagonista, una vez más, es el poder.
Hoy más que nunca, la justicia debe ser un pilar que inspire confianza, no complicidad. Porque un México sin justicia independiente es un México sin democracia real.
