Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
El domingo próximo iniciarán campaña los candidatos a ocupar 881 cargos del Poder Judicial de la Federación. Pero en su proselitismo, de 60 días, el gasto máximo autorizado es de un millón 468 mil 841 pesos –sólo para los aspirantes a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), según determinó el Instituto Nacional Electoral (INE)–, lo cual significa que, por día, cuando mucho podrán gastar 24 mil 480 pesos con 68 centavos.
Los aspirantes al Tribunal de Disciplina Judicial, tendrán un tope igual; lo mismo que quienes jugarán por una magistratura de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Quienes irán tras las magistraturas de las salas regionales del TEPJF: 881 mil 304 pesos; los que buscan magistraturas del Tribunal Colegiado de Circuito, 413 mil 111 pesos; y los aspirantes a juez de Distrito, 220 mil 326.
Son cantidades insignificantes para darse a conocer en todo el país; o en las circunscripciones que corresponden a su propósito, porque además de su parentela amigos y uno que otro abogado, nadie más sabe de ellos.
Lo anterior, es solamente respecto al gasto de campaña –en que está prohibida su promoción en medios de comunicación masiva, sin haber sido invitados (por éstos mediante escritos); en bardas, espectaculares, gorras y banderines, calcomanías, plumas, así como en pendones y envolturas para las tortillas, que son prácticas de los políticos en sus etapas proselitistas en tratan de convencer al electorado que no confía en ellos, pese a conocerlos a veces sólo mediáticamente, en la mayoría de los casos.
Bajo este entendido, quienes aspiran ser juzgadores federales carecen en lo general de una identificación con los ciudadanos a quienes pedirán su voto.
Y lo peor del caso es que la autoridad electoral no ha explicado en qué consiste este proceso, detalladamente, en los 2 mil 477 municipios que hay en México. Sobre todo, en las zonas rurales, en las que aún se ignora cuál es la diferencia entre la procuración y la administración de justicia.
Entonces, ¿cómo darles el voto de confianza a los candidatos?
Hay otros asegunes que podrían hacer fracasar esta elección, cuando menos, la del ámbito federal:
1) No se ha explicado, puntualmente al pueblo de México, el quehacer de los ministros, magistrados y jueces de la SCJN;
2) Tampoco se han publicitado las listas de los candidatos a cada uno de los cargos en juego; y
3) Menos su trayectoria en el sistema judicial o como postulantes.
Así que, pocos son los que los hacen en este mundo.
Aunado a eso, asoman otras confusiones porque tampoco se ha dicho puntualmente que, en las urnas, un elector se llevaría cerca de 30 minutos para cruzar las boletas, ni que los candidatos serán electos por un número, no por nombre, apellidos o motes.
En Tamaulipas, a los ciudadanos toca elegir a 45 nuevos funcionarios del Poder Judicial de la Federación: a) nueve ministros de la SCJN; b) cinco magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina; c) cinco magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; d) 13 jueces de distrito, y e) también trece magistrados de distrito, en una sola exhibición a la que, por derecho, tendrán acceso los dos millones 848 mil 971 electores cuantificados por el INE.
Esto, aclaro, sólo corresponde al ámbito federal.
Así que, incluyendo la renovación del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, que será electa al mismo tiempo, genera más confusión entre el electorado.
Agravio a Tamaulipas
Considerar que es una práctica ‘casi natural’ la ejecución de personas en la frontera tamaulipeca, como lo hace la diputada local de morena Eva Araceli Reyes González, hace daño a la imagen estatal. Pese a ser ésta, como ella afirma, paso obligado del narcotráfico y el contrabando por su vecindad con la Unión Americana.
Ignoro si la legisladora hizo tal afirmación a la ligera o deliberadamente para justificar tanta barbarie, pero ésta ha generado un mar de comentarios adversos.
Ciertamente, la población tamaulipeca comenzó a perder su capacidad de asombro, hace cerca de dos décadas, cuando Felipe de Jesús Calderón Hinojosa iniciara la guerra contra los grupos criminales, respondiendo éstos con harta crueldad, pues cercenaban a sus víctimas, en vida, para después regarlas en pedazos en la vía pública.
Sin embargo, la sociedad tamaulipeca nunca ha considerado normal la violencia. Por el contrario, ha demandado que las autoridades pongan fin al clima de inseguridad con la persecución de los grupos criminales.
El pueblo tamaulipeco se distingue por su emprendimiento y trabajo.
Así que el pronunciamiento de esa legisladora, lo ofende.
Ella quizá tiene otros datos, por lo que se ve, pues en el ayuntamiento de Reynosa estuvo encargada de la seguridad pública, por lo que afirma en su perorata que lo que ocurre en Tamaulipas es una situación natural.
¿Acaso lo hace para justificar la barbarie del crimen organizado?
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