Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
Como parte de la conmemoración del Día Mundial del Agua, en el Polyforum ‘Rodolfo Torre Cantú’ se ofrecerán conferencias para destacar la importancia que merece el recurso vital. Y habrá una expo para que los proveedores se encuentren con los organismos operadores y los distritos y unidades de riego para ofrecer productos, con el objetivo de seleccionar equipos de la mejor calidad al mejor precio.
En cuanto al tema, hay que recordar que, en diciembre uno del año que nos antecede, se firmó el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, que contempla una inversión de 9 mil millones de pesos para la tecnificación de riego en 2025, tanto como acciones para garantizar este vital líquido como un bien nacional y un derecho para todas y todos los mexicanos.
Sobre esto, reproduzco parte de un ensayo en el que tuve el privilegio de participar, intitulado ‘Obsolescencia de las leyes en materia del agua’, y que sirvió de base a una tesina:
El acceso al agua potable limpia y su saneamiento, son esenciales para garantizar todos los derechos humanos, acorde a una disposición de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo cual todos los países del mundo, sin importar sus sistemas gubernamentales y sin restricción alguna, deben procurarlos a sus habitantes.
Para ello, los organismos encargados del suministro de agua potable cuentan con recursos propios (presupuesto y el cobro del servicio), financiamientos para su operación por parte de organismos internacionales, federales y estatales. Además, hay acuerdos, leyes y reglamentos que regulan este ordenamiento.
La estadística mundial refiere que existen 844 millones de personas carentes de acceso a fuentes mejoradas de agua potable; y 2 mil 500 millones, no disponen de servicios mejorados; mientras 2 mil 200 millones más ni siquiera cuentan con el servicio.
A la preocupante situación, debemos agregar que otros millones de personas pobres (que viven en asentamientos precarios) ni siquiera son consideradas en las mediciones, que estiman una población territorial cercana a los 7 mil 730 millones.
En el plano global, las causas de incumplimiento al derecho humano de tener agua potable se sustentan en 1) la pobreza, 2) la desigualdad y 3) la disparidad en las relaciones de poder.
En México, la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Como también existen leyes de corte estatal y reglamentos municipales.
Sin embargo, por la falta de su cumplimiento, se violenta la legalidad o resulta obsoleta la legislación en la materia, según comentan especialistas.
Pero igual se ven afectadas por los retos sociales y ambientales como son: la urbanización cada vez más rápida, el cambio climático, la creciente contaminación y la merma de recursos hídricos, que son precisamente las razones donde justifica la autoridad gubernamental su incumplimiento, como ha sido denunciado en foros y asambleas.
En nuestro país, existen entre 12.5 y 15 millones de personas que no cuentan con agua potable –más/menos un 10 por ciento de la población total–, “sobre todo, del área rural y zonas marginadas (aunque igual ocurre en las grandes urbes)”, aduce Manuel Perló Cohen –quien fuera director del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)–, quienes a consecuencia padecen problemas de salud y de higiene.
“De los que sí reciben el líquido –comenta–, casi el 30 por ciento no lo tienen en cantidad ni calidad suficiente”, plasma en uno de sus estudios. Y especifica: “El derecho al agua se encuentra en nuestra legislación, pero no se cumple”.
Esta apreciación, la convalida el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en un documento, donde revela que: ‘más de 44 millones de mexicanos no tienen en sus hogares dotación diaria de agua’ (considerando una población total cercana a 130 millones de habitantes. Quizá por dos razones: 1) las fuentes de alimentación; e 2) incapacidad para el rebombeo y la potabilización del líquido.
En Tamaulipas igual existen ambos problemas, aunque cuenta con ríos, mar, presas y otros mantos freáticos para garantizar el abasto suficiente, pero ante la falta de trabajo el servicio se ha deteriorado de tal forma que a la fecha miles de familias no tienen acceso al agua potable, pese a obligárseles cada mes a cubrir las tarifas impuestas sólo por recibir aire o el líquido sucio una hora al día.
Y aquí precisamente, es donde sustento la apreciación de que están violándose varias leyes en cuanto al suministro de agua potable y su saneamiento, como bien lo establecen los marcos jurídicos internacional, nacional, estatal y municipal.
La ONU reconoció explícitamente (el 28 de julio de 2010) el derecho humano al agua, como base fundamental de todos los otros derechos.
Y con la reforma constitucional a las garantías individuales (junio 10 de 2011) en México, se dio paso a la figura de los derechos humanos y enseguida el acceso al agua potable como un derecho fundamental, estableciendo como obligación que todas las autoridades los promovieran, respetaran, protegieran y garantizaran, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Pero no lo han hecho por los recovecos legales, y, por supuesto, obligando a reformar la legislación constitucional para hacerla más estricta en la procuración para dotar agua potable limpia y su saneamiento como un derecho humano.
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