Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
Una vez apaciguados los miles de alcistas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que se instalaron en el Zócalo de la Ciudad de México en protesta contra la reforma a la Ley del ISSSTE –cuya iniciativa fue propuesta a la Cámara de Diputados y posteriormente retirada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo–, iniciaría una negociación con miras a la reforma educativa sexenal.
Pero ahora, contemplando al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por ser éste un asunto que compete a ambas corrientes gremiales del sistema educativo nacional.
A los protestantes, se les concedieron cuatro demandas:
1) El retiro inmediato de la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE;
2) Un programa para condonar deudas impagables del FOVISSSTE, hacer quitas y condonaciones y que el FOVISSSTE pueda construir viviendas y no solo dar créditos;
3) Congelar la edad mínima de jubilación prevista en la ley, a 56 años para mujeres y 58 años para hombres; y
4) Organizar foros escuela por escuela para construir una propuesta alternativa para el ingreso y promoción de los maestros, que garanticen sus derechos laborales.
Sin embargo, hay reductos del movimiento magisterial que insisten en provocar el caos para obtener otras prebendas.
Y es en estos momentos, precisamente, cuando la autoridad federal, con la ley en mano, deberá actuar para impedir mediante el diálogo que de nueva cuenta haya plantones en la Plaza de la Constitución y en cualquier inmueble (público o privado), causados por los mentores, de motu propio o incitados por anarquistas, en las marchas que pudieran llevarse a cabo en los días sucesivos.
Hago esta observación, porque el diálogo es un recurso funcional en todo conflicto –siempre y cuando exista voluntad para alcanzar acuerdos más allá del interés unilateral, partidista o grupal–, y por ser necesario en la práctica política, donde la concertación más se requiere por ser uno de los ingredientes sustantivos para la gobernabilidad.
El hecho de que entre dos actores o más, haya diferencias de credo, colores e ideología, en nada impide su comunión si el objetivo común es el mismo; pero si acaso una de las partes antepone la soberbia por afán protagónico, difícilmente accederían a estadios de buen entendimiento.
Los plantones cotidianos que se viven en la Ciudad de México ilustran claramente la inconformidad y la radicalización de posturas, ante lo que se considera arbitrariedades en contra de los maestros, pero, ignoro por qué razones, tiene qué ser la propia jefa del Poder Ejecutivo federal, y no el secretario de Educación (Mario Martín Delgado Carrillo), quien tenga que actuar para ahuyentar el espectro de la inestabilidad social que amenaza al sistema educativo.
Como sea, la presidenta por cualquier medio ha dado muestras de que no permitirá la suspensión de clases del nivel básico, en este caso, ante las movilizaciones de mentores. Y es que la educación es un servicio público que bajo ninguna circunstancia debe estar supeditado a los reclamos ni a la grilla magisterial.
Y menos al capricho de quienes están al frente de las distintas áreas en que se divide la Secretaría de Educación Pública (SEP), como ocurrió durante décadas por los cacicazgos entonces anidados en esa dependencia que, por fortuna, ya están fuera del aparato burocrático.
Por ello, la jefa del Ejecutivo federal ha girado la instrucción de que se cumpla a cabalidad su compromiso de implementar una enseñanza integral de calidad, gratuita –cuyo pilar sean los valores–, incluyente e innovadora.
Esto con un marcado propósito: formar ciudadanos más productivos, más responsables y más comprometidos, para que las nuevas generaciones, al estar debidamente capacitadas, se involucren en el desarrollo de México y sean capaces de desempeñarse con éxito entre la sociedad del conocimiento y estén comprometidas con el avance sustentable del país, a partir de una formación práctica vinculada a las necesidades sociales y productivas, por ser ésta la única forma de procurarle bienestar a sus descendientes que igual habrán de reclamarle mejores oportunidades en su espacio y circunstancia.
La presidenta ha reconocido que la educación es tema central de su administración.
También acepta que la educación –además de ser un patrimonio del individuo–, vigoriza su capacidad de desarrollo personal, social y político, económico y cultural.
De ahí que haya antepuesto el diálogo con la CNTE para evitar que el conflicto creciera, aun cuando la reforma a la Ley del ISSSTE era apoyada por el SNTE, pues, como de costumbre, rechaza cualquier acuerdo con los maestros desprendidos de sus filas que son parte de la Coordinadora.
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