Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
El compromiso que el gobernador Américo Villarreal Anaya hizo de cara a la sociedad para actuar contra quienes saquearon y se enriquecieron con el erario, no tiene fecha de caducidad. Y está fresco en la memoria social, que reclama se les castigue por tantos actos de corrupción.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, hasta donde ha informado su titular, Jesús Eduardo Govea Orozco, tiene abiertas más de 100 carpetas de investigación, pero de éstas menos de una decena han sido judicializadas y tampoco suman diez los ex funcionarios a quienes se les ha librado orden de aprehensión.
Y los que son perseguidos, no han sido localizados.
Hasta donde tengo entendido, no hay que batallar mucho para encontrarlos en caso de todavía se encuentren en territorio tamaulipeco, si acaso la gente encargada de investigar escudriñaran en el Registro Público de la Propiedad; o en los clubes privados, colegios y/o fraccionamientos exclusivos de reciente creación.
Esto, atendiendo un popular refrán, que reza: ‘El dinero ni el amor se pueden ocultar’. Por lo tanto, bastaría indagar someramente bajo el entendido de que quien busca, encuentra
Así es como se localizarían hebras que conduzcan a la madeja.
Le comento esto porque hay casos escandalosos de personajes que en tan sólo seis años edificaron y/o construyen palacetes ‘con su ahorro salarial’, tan o más ostentosos que los ricos de abolengo o ex burócratas de alto rango de regímenes anteriores.
Un caso harto ilustrativo, es el de los hermanos Francisco Javier e Ismael García Cabeza de Vaca.
¿De dónde se hicieron multimillonarios?
No sé en el pasado, pero ahora el ex gobernador está prófugo de la justicia por aparecer en varias de las denuncias y carpetas de investigación; y el diputado local podría ser desaforado para que responda por los mil 500 millones de pesos que, según el fiscal anticorrupción, saqueó de las arcas públicas.
Eso, precisamente, es lo que lleva a exigirle cuentas a Govea Orozco acerca del avance de sus pesquisas, para saber si es procedente fincarles cargos a los presuntos saqueadores, en caso de que se comprobara que en su ejercicio como funcionarios estatales incurrieron en ilícitos.
Otro caso que debe investigarse, tiene qué ver con la opacidad en el ejercicio anterior, tanto para atender sus funciones administrativas como para la adquisición de equipos y materiales.
La Contraloría gubernamental, por su parte, también ha contribuido a las denuncias, pero sin aportar pruebas contundentes del saqueo.
Quizás porque la entones titular del despacho se ocupaba de borrar toda huella, más que atender su responsabilidad, por lo cual está vinculada a proceso.
En fin, este baile no ha terminado.
Difusión restringida
La relación con la prensa, de quienes hoy se encargan de la imagen y el manejo informativo de las actividades edilicias en Nuevo Laredo, Reynosa, Altamira y Ciudad Madero, luce distante.
También asoma una extensa brecha entre los senadores y diputados federales con los trabajadores de la información.
Pero no es alejándose de los medios de comunicación masiva como los comunicólogos podrían lograr el posicionamiento de los alcaldes y sus proyectos.
Sobre todo, porque hoy, como nunca, nada está dado.
Menos cuando un titubeo o una mala decisión pueden abonar el camino hacia la pérdida de imagen y credibilidad, en el menor de los casos.
En lo particular, convencido estoy que ninguno de los medios de comunicación masiva es absoluto, sino más bien complementario del extenso núcleo de la transmisión propagandística e informativa, pues cada cual tiene sus nichos bien definidos.
Cada uno juega un papel determinado y llega a públicos diversos y heterogéneos, de acuerdo a su propia naturaleza y arraigo, según el contenido que maneje, la objetividad que lo distinga y la confianza que le dispensen los receptores.
Desmentido
Un comunicado de la Fiscalía General de Justicia, hace esta aclaración:
“Ante la información imprecisa difundida en diferentes medios de comunicación por el colectivo ‘Amor por los desaparecidos en Tamaulipas’, respecto a la localización de un presunto campo de exterminio y un crematorio clandestino en Reynosa, la Fiscalía desmintió dicha versión, señalando que no existen evidencias que soporten dicha conclusión.
Una vez realizada la inspección en dicha propiedad, no se encontraron restos óseos, olores fétidos o indicios que permitan presumir la existencia de un crematorio o zona de incineración clandestina, como lo difundió de manera irresponsable y tendenciosa la vocera del colectivo, Edith González Treviño, en una campaña de divulgación en los medios de comunicación.
“De acuerdo a las primeras indagatorias de la Fiscalía General de Justicia, la construcción corresponde a la obra negra de la sucursal de una empresa funeraria de Reynosa, un dato que exhibe la mentira magnificada por el colectivo, que pretende engañar a la población”. (sic)
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