A nadie le debe sorprender que las diputadas locales Blanca Anzaldúa Nájera y Silvia Chávez Garay hayan abandonado ayer las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Tamaulipas, puesto que sólo obedecieron la instrucción del dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, quien se comprometió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a engrosar las filas de Morena.
Ahora las dos legisladoras se sumaron a la fracción del partido guinda en el Congreso Local, cuya salida propició que la bancada del PVEM sólo se quedará con la diputada Ana Laura Huerta Valdovinos.
Y aunque la mayoría del partido guinda siempre había contado con el apoyo de las diputadas Anzaldúa Nájera y Chávez Garay, ahora que ambas se encuentran entre sus filas morenistas obtuvieron la mayoría calificada para realizar cualquier reforma a la constitución local sin depender de otras fracciones parlamentarias.
La imposición del voto corporativo por parte del dirigente nacional del SNTE, Cepeda Salas, tendrá un costo electoral porque este cambio no cayó nada bien entre las bases del magisterio tamaulipeco.
No debemos olvidar que las maestras y los maestros siempre han sido “aguerridos” en los procesos electorales, más cuando sienten que sus dirigentes pretenden imponer sus intereses personales, como fue el caso de Cepeda Salas.
Se espera que en la revisión salarial de este año se premie la “obediencia ciega” del dirigente del SNTE, puesto que el incremento contractual deberá ser superior al aumento de la canasta básica y no sólo a la inflación registrada.
Vamos a ver sí la presidenta Sheinbaum Pardo agradece que Cepeda Salas haya impuesto nuevamente el voto corporativo, que en esta ocasión sólo sirvió para que creciera la fracción del partido guinda en el Congreso Local, pero dudo que el magisterio tamaulipeco vote a favor de las candidatas y de los candidatos morenistas en las elecciones locales del 2027.
Por otra parte, se espera que pronto salgan las conclusiones del 7° Congreso Internacional Estudios de Frontera 2025, que organizó la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en colaboración con la Universidad de Texas Valle del Río Grande (UTRGV), que se realizó el 19 de febrero en la Unidad Académica Multidisciplinaria (UAM) Matamoros, pero prosiguió el 20 y 21 de febrero en Edinburg, Texas.
Como se recordará, la inauguración del Congreso Internacional Estudios de Frontera estuvo a cargo del rector Dámaso Anaya Alvarado, quien señaló que este foro serviría para la reflexión y el análisis sobre las dinámicas que impactan las regiones fronterizas, como es el caso de Texas y Tamaulipas.
Destacó la relevancia de abordar temas de la frontera común, en donde convergen fenómenos migratorios, económicos, culturales y ambientales, cuyos retos se deben analizar en forma conjunta para aplicar políticas que logren solucionar cada uno de ellos.
También participó en forma virtual el vicerrector de Programas de Estudios Internacionales de la UTRGV, Jaime Ortiz, quien resaltó la importancia de la colaboración entre ambas instituciones de educación superior, además elogió el compromiso de la UAT por impulsar la investigación y el análisis de los retos que se tienen en la frontera entre Tamaulipas y Texas.
Manifestó su confianza en que las reflexiones y propuestas que surjan del Congreso Internacional Estudios de Frontera contribuyan a mejorar las condiciones de vida en la región.
Participaron expertos de más de 30 instituciones nacionales e internacionales en áreas como fronteras, migración, salud pública, políticas transfronterizas, medio ambiente, economía y cultura.
En otro tema, no cabe duda que las encuestas de popularidad son para engañar a incautos, puesto que en realidad no reflejan el sentir del grueso de la población, como sucedió en el último estudio de opinión pública de la Revista 32 que distribuye la empresa Arias Consultores.
La encuesta realizada en enero pasado de la Revista 32 califica al presidente municipal de Altamira, Armando Martínez Manríquez, como el mejor alcalde del país, puesto que supuestamente logró la aprobación del 70.2% de las personas consultadas, cuyo resultado resulta francamente descabellado.
Sobre todo, cuando el alcalde Martínez Manríquez enfrenta una demanda por despojo de un predio particular ubicado en el ejido Villa de Altamira, cuya denuncia contradice claramente el resultado de la encuesta Revista 32.
Y no es la primera vez en que el alcalde Martínez Manríquez se ve envuelto en un escándalo por abuso de autoridad, por lo que la demanda en contra de él puede prosperar en caso de que se respeten las leyes.
Lógicamente, el resultado de la encuesta tuvo un costo económico que seguramente se pagó con recursos del municipio de Altamira, por lo que se requiere que la Auditoría Superior del Estado (ASE), que encabeza Francisco Noriega Orozco, realice una investigación del caso.
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