Nota Tamaulipas

DE PRIMERA ……LA DAMA DE LA NOTICIA
POR ARABELA GARCIA …

Cero Observaciones en 2023: Un Éxito Superficial que No Oculta la Impunidad de los Gobiernos
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El reciente informe del auditor superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo,
entrega un balance interesante sobre la fiscalización de la Cuenta Pública 2023. Destaca que
Tamaulipas y la Ciudad de México son las únicas entidades con cero observaciones, lo que
representa un hito para el gobierno tamaulipeco, que se ha posicionado favorablemente en el
manejo del gasto público. Sin embargo, esta situación no debe desviar la atención de los graves
antecedentes que marcan la administración pasada y las investigaciones aún en curso.
El resultado positivo en la fiscalización actual contrasta de manera significativa con el legado del
exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien dejó un rastro de irregularidades que aún
persigue su gestión. A pesar de que el actual gobierno ha logrado limpiar su imagen en este
aspecto, las sombras del pasado no se desvanecen fácilmente. Las observaciones en la cuenta
pública de 2022 siguen sin resolverse y las denuncias de posibles delitos de corrupción han
complicado el panorama.
Las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el ejercicio de fondos
destinados a seguridad y salud pública, que suman más de 225 millones de pesos, son un
recordatorio de que el manejo del dinero público requiere no solo transparencia, sino también
rendición de cuentas. Los escándalos asociados al exgobernador reflejan un sistema en el que las
estructuras de poder pueden intentar proteger a sus integrantes a través de la impunidad.
La denuncia presentada por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) contra Cabeza de Vaca
y otros funcionarios es otro ejemplo de la lucha interna entre el deseo de justicia y las barreras
que aún existen. La falta de avances significativos en estas investigaciones es preocupante y
sugiere que la justicia en Tamaulipas se encuentra en una encrucijada, enfrentando un contexto
donde los vínculos políticos y la corrupción han hecho difícil su aplicación efectiva.
La incapacidad de las instancias de procuración de justicia para actuar de manera imparcial y
eficiente pone en tela de juicio la voluntad política de las autoridades locales y su compromiso con
la verdad. La influencia de figuras políticas aún leales a Cabeza de Vaca plantea un riesgo
considerable para la lucha contra la corrupción y la salvaguarda de los recursos públicos.
En conclusión, si bien el informe de la ASF sobre el manejo del gasto público en Tamaulipas es un
indicativo de un avance en la disciplina fiscal, no se debe perder de vista la responsabilidad que
recae sobre las administraciones pasadas. La justicia debe prevalecer y las irregularidades no
pueden ser simplemente olvidadas. El camino hacia una verdadera rendición de cuentas en
Tamaulipas requerirá un compromiso firme para garantizar que todos, independientemente de su
posición, enfrenten las consecuencias de sus acciones. Sin un cambio real en la cultura política y

judicial, los logros actuales pueden verse como un mero maquillaje que oculta una realidad mucho
más compleja.
El gobierno que hace constantemente leyes y aplica reglamentos sin ton ni son, deberá hacer una
cárcel solamente, pero políticos rateros para que les de vergüenza familiar y social y que se
distingan de los rateros comunes y corrientes.
Antes de educaba con el ejemplo, con la vergüenza social, hoy en día se les acabaron los valores y
simplemente culpan a los medios de chayoteros y a los que denuncian de guerra sucia.
La Necesidad de Responsabilidad Social y Legal
El clima de impunidad que rodea a muchos políticos en México es alarmante. La propuesta de
crear una cárcel exclusiva para políticos corruptos refleja un sentimiento creciente en la sociedad:
la necesidad de distinguir entre el crimen ordinario y el que se perpetra desde posiciones de
poder. Este enfoque no solo busca hacer justicia, sino también restablecer un sentido de
vergüenza social que parece haberse perdido.
Históricamente, la educación moral se sustentaba en ejemplos de conducta y consecuencias
visibles. Sin embargo, en un contexto donde los valores han sido erosionados, muchos políticos
eligen culpar a los medios y a quienes denuncian la corrupción, tildándolos de «chayoteros» o de
incurrir en «guerra sucia». Este mecanismo de defensa no solo esquiva la responsabilidad, sino que
perpetúa un ciclo de desconfianza y cinismo hacia las instituciones.
Para que la sociedad recupere la fe en la justicia y en sus representantes, es esencial que existan
mecanismos claros y efectivos para sancionar la corrupción. La creación de un espacio de
encarcelamiento para políticos corruptos podría servir como un símbolo de que, finalmente, se
toma en serio la rendición de cuentas. No se trata solo de castigar, sino de educar y restablecer los
valores que deberían guiar la acción pública, fomentando un ambiente en el que la vergüenza y la
responsabilidad social sean pilares fundamentales.