Golpe a golpe

Por Juan Sánchez Mendoza

De los más de 550 ex funcionarios públicos involucrados en el saqueo a las arcas gubernamentales que aparecen en una o más de las 790 carpetas de investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, sólo hay un sentenciado, un encarcelado de manera preventiva –Rómulo Garza Martínez–, y ocho tienen órdenes de aprehensión, aunque se reservan sus identidades (con el rollo de la secrecía en toda pesquisa).

Esto, derivado de las 90 denuncias presentadas ante esa instancia por la administración central y las (+/-) 20 promovidas por distintos Organismos Públicos Descentralizados (OPD’s), según revelara la consejera jurídica del Gobierno estatal, Tania Gisela Contreras López, el pasado 24 de enero.

No obstante, el fiscal anticorrupción, Jesús Eduardo García Orozco, en conferencia de prensa (celebrada cuatro días después) afirmó que son 790 las carpetas de investigación: 90 por denuncias de la administración central y 40 promovidas por la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría.

¿Quién tiene la cifra real?

Cuantitativamente, sería lo de menos. 

Lo cierto, es que el gobernador Américo Villarreal Anaya públicamente ha sostenido que, al asumir el cargo, encontró un panorama deprimente, porque su antecesor (Francisco Javier García Cabeza de Vaca) ‘orientó’ su régimen al latrocinio y la apropiación de recursos públicos, acusando que la rapacidad y el cinismo fueron en la anterior administración una constante.

Y desde entonces apostó a que se hiciera justicia a los tamaulipecos.

Sin embargo, como fiscal anticorrupción –impuesto por su Francisco–, Raúl Ramírez Castañeda le jugó las contras a Américo, para judicializar las denuncias por corrupción, peculado, cohecho, desviación de recursos públicos y otras cometidas por la gavilla de García Cabeza de Vaca.

En la LXV Legislatura del Congreso estatal, la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica –sobrina del mentando ‘Peje’–, pretendió venderle un favor al mandatario en turno cuando presidió la Comisión Permanente al destituir al fiscal y ‘nombrar’ como encargado del despacho a Govea Orozco, dizque para agilizar el castigo a los saqueadores del erario.

Pero por su ignorancia misma de los procedimientos legales, la de esa diputada, retornó al cargo Ramírez Castañeda, quien fuera el responsable primario de integrar las carpetas a judicializarse en contra ex funcionarios.

El 30 de octubre del 2024, renunció Ramírez Castañeda, por voluntad propia, aunque ya intuía que estaba en un callejón sin salida.

A partir del día siguiente (octubre 31), por disposición del Congreso, al cargo accedió Govea Orozco, quien, supuestamente, agilizaría los trámites para judicializar las carpetas de investigación que conoció de antemano, al mantener contacto directo con Tania.

Pero, según observo, la dilación fue y es una constante.

Esto me hace suponer que:

a) Hay fallas en la presentación de denuncias, al no estar debidamente documentadas;

b) Dilación por parte de la Fiscalía Anticorrupción por tampoco integrar a tiempo y en forma las promociones judiciales; y/o

c) Ineficiencia de la consejera jurídica y del fiscal anticorrupción, quien, por cierto, ya cumplió tres meses en este cargo, sin haber dado resultados efectivos, aunque antes de ser habilitado como tal tuvo conocimiento pleno de las atrocidades cometidas por la gavilla cornamentada y muy poco, casi nada, se ha atrevido en procurar el castigo que ésta merece.

Tan es así que a la fecha no hay todavía la judicialización esperada.

Y esto es preocupante, pues los autores del saqueo a estas alturas tal vez se encuentren en el extranjero, o amparados, para evadir la justicia.

Lo más delicado del asunto es que los juzgadores estatales saben que su tiempo se agota ante la inminente elección de sus relevos, por lo cual, si acaso el fiscal anticorrupción tuviera en verdad los elementos en la mano a fin de consignar ñas denuncias ante el Poder Judicial, por negligencia, o tal vez por omisión, los jueces no atendieran las denuncias.

Quizás este panorama advierta Govea Orozco; y por esto aplace el día en que consignaría formalmente las 130 denuncias, que supuestamente se sustentan en averiguaciones realizadas por el organismo a su cargo.

Como fuere, a 28 meses de distancia de que la Cuarta Transformación inició en Tamaulipas, los ‘peces gordos’ del saqueo a las arcas públicas no han sido capturados porque se adolece de órdenes de aprehensión.

Y las ocho que, según Govea Orozco han sido giradas, no se ejecutan conforme a lo ordenado.

¿Habrá reforma fiscal?

El diputado federal Ricardo Monreal Ávila, quien también es el capitán de la bancada de morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro, insiste en que es necesaria una reforma fiscal en México pues, sólo de esta forma, habría una mayor recaudación de recursos.

Su intención no es descabellada, porque hasta donde sé no se trataría de sangrar económicamente más a los causantes cautivos que sí cumplen, sino forzar a que los empresarios multimillonarios (evasores de impuestos), cubran su deuda en tiempo y forma.

Sus identidades son del dominio público.

Sin embargo, Monreal se ha topado con el rechazo a su reforma fiscal por parte sus mismos compañeros legisladores.

Pero, de que es necesaria una reforma fiscal, sin que sea dirigida a los contribuyentes del sector más vulnerable de la sociedad, las clases medias en extinción, claro que sí, aunque ésta tampoco forzaría la regulación del comercio informal que es donde igual existe una multimillonaria evasión.

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