Golpe a golpe

Por Juan Sánchez Mendoza

La recaudación fiscal, no es pareja.

Por doquiera surge cualquier cantidad de comerciantes establecidos que, todavía, no expiden facturas electrónicas –y aducen no haber hecho todavía el trámite respectivo ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)–, causando una multimillonaria evasión de impuestos.

Aquí en Tamaulipas, esa práctica ocurre desde hace años, no sólo entre los otrora llamados repecos –es decir, los causantes que al amparo de la ley hacendaria cotizaban como pequeños contribuyentes o medianos–, sino también la registran infinidad de empresas que solían el uso de las facturas impresas que, desde hace años, dejaron de tener vigencia, al menos por lo que respecta a quienes ingresan a sus cuentas más de 500 mil pesos anuales.

Los comerciantes que más se rehúsan a expedir facturas se dedican a la venta de calzado, ropa, herramientas y cosméticos por lo menos; aunque también quienes prestan sus servicios de lavado de vehículos, boticas, tintorerías, planchadurías, talabarterías, librerías, carnicerías y hasta en algunas tiendas de autoservicio, bajo el argumento de que es la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) la que dificulta el trámite al retrasarles la autorización oficial para instalar el sistema.

Obviamente nadie les cree, pues tiempo suficiente tuvieron para, en tiempo y forma, hacerse del programa de cómputo con las características requeridas por el sistema tributario.

No ocurre eso mismo con los contribuyentes que poco facturan y, al final de cuentas, son los más castigados por el SAT, ya que deben sacar el guardadito para invertirlo en un programa de facturación electrónica so pena de no cobrar por sus servicios –y son regularmente los prestadores de servicios profesionales–, en detrimento de su economía, pues si van a la oficina fiscal respectiva a solicitar la expedición de documentos, se les ponen múltiples trabas.

Y eso que la Federación mucho ha cacareado que el trámite no sólo es gratuito, sino ágil y hasta bondadoso.

Lo cierto es que ya transcurrieron años de haberse vencido el plazo más reciente otorgado por el SAT para aplicarse la medida entre el conglomerado contribuyente, y nomás no se observa el interés real por parte de muchos comerciantes establecidos para ponerse al corriente, o, cuando menos, pagar lo que les corresponde en la materia de impuestos como sí lo hacen los causantes registrados en el sistema.

Esto afecta directamente a los contribuyentes cumplidores –que son los menos–, pero más todavía al grueso de la población, que es obligada a pagar el IVA e impuestos especiales a la usura comercial, sin que haya autoridad alguna que someta a los infractores.

Entonces, ¿de qué se trata?

Lo digo porque en un sistema democrático como el nuestro, se debe aplicar la frase de: ‘O todos coludos, o todos rabones’.

Fenómeno migratorio

La asistencia a los migrantes estacionados en la frontera norte, como a los recién deportados, debe involucrar a todas las autoridades municipales. No sólo a los gobiernos federal y estatal, porque hay la instrucción presidencial de atenderlos por igual en esta contingencia.

Hay que considerar que la migración es un fenómeno poblacional que consiste en abandonar el lugar de origen para establecerse en otra región, del mismo país o del extranjero, regularmente por causas económicas o sociales que van desde la pobreza, la falta de empleo, la codicia de una riqueza inmediata o bien la disfunción para integrarse a la sociedad local.

A partir de esa premisa, quienes dejan su tierra y a su gente para ir en busca de otros horizontes adquieren la calidad de emigrantes, pero en su andar son calificados como inmigrantes al pretender establecerse en áreas ajenas a sus costumbres.

Refiero el hecho porque hasta hoy el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) aún muestra vacilación para enfrentar el problema, siendo que, desde hace un mes aproximadamente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó que se prepararan ante la ruin actitud de Donald John Trump.

Hasta donde sé, los agentes del INM desplegados en la frontera norte simplemente sirven de guías para conducir a los expulsados a albergues e instalarlos ahí, levantado a la vez estadísticas, que, si bien son importantes para ubicar su número, género, edad y nacionalidad, no resuelven lo que sería su repatriación a los países de donde son originarios.

En los días más recientes, la jefa del Ejecutivo federal ha insistido en que hay que tenderle la mano a los migrantes y deportados, abrirles las puertas de nuestro país y darles facilidades para que regresen a sus lugares de origen.

Es parte de una política humanista, pero también es parte esencial de la política migratoria que impulsa la presidenta y por eso, el objetivo es brindarles a los migrantes una atención integral.

En este programa se involucran organizaciones sociales, nacionales e internacionales y los gobiernos de los estados, para asistir a los expulsados en su retorno, así como en sus necesidades básicas de salud, alimentación, albergue, comunicación y costeo del transporte al interior de México o, en su caso, a otros países.

Correo: [email protected]

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