Golpe a golpe

Por Juan Sánchez Mendoza

La versión de que Adriana Lozano Rodríguez presentó ayer su renuncia, a la Secretaria de Finanzas del Gobierno estatal, se multiplicó profusamente en redes sociales.

El tema de su dimisión ha sido del dominio público, entre rumorólogos y comentado en ‘radio pasillo’, desde hace varios días, pero hasta el cierre de esta colaboración no fue confirmada, por lo que sigue estando en duda, hasta en tanto no haya una aclaración pública al respecto.

También, desde hace varios días, ya, se ha manejado como su relevo a Erasmo González Robledo –alcalde de Ciudad Madero–, quien cuenta con experiencia en el manejo del erario, pues en dos ocasiones presidió la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

En su más reciente incursión mediática, la matamorense ofreció que el reemplazo de placas podría hacerse vía electrónica, para que las nuevas láminas llegaran a domicilio vía correo; aunque antes ‘le llovió duro’, en los medios de comunicación masiva y entre los integrantes de la legislatura en turno, por el asunto de la renovación de la licencia para conducir, pues, se supone, ésta se mantiene permanente.

Ambos casos, empero, son insuficientes para sacarla de la jugada.

Al menos que ella, en lo personal, haya decidido manejarse con ‘perfil bajo’ y estar menos expuesta a las críticas, merced a la reingeniería que, en materia económica, habrá en la entidad a consecuencia del presupuesto asignado al estado para el 2025.

Lozano Rodríguez, por cierto, desde iniciada la administración, manejó la información pública de la Secretaría de Finanza a su libre arbitrio, por lo que en varias ocasiones sus declaraciones chocaban con las hechas por el mandatario estatal.

Inclusive, alguna vez cometió el desliz de hablar de un nuevo crédito al gobierno, de motu proprio –así lo creo–, pues en los planes del mandatario hasta donde sé, no está solicitar empréstitos, por ahora.

Como sea, el rumor de la renuncia ya permeó en toda la entidad.

Cuentas, en veremos

La cuenta pública de los ayuntamientos, correspondiente al ejercicio 2022 y anteriores, no está zanjada en su totalidad, pues el Congreso local autorizó una prórroga, para así recabar más información que le permita llegar a una resolución concluyente, aunque esa revisión no tiene por qué sufrir demora en su estudio, análisis y dictamen, puesto que le corresponde a la Auditoría Superior del Estado la supervisión permanente de en qué y cómo se gasta el presupuesto asignado.

Por tanto, si durante el ejercicio de su administración algunos alcaldes, o los hoy ex, tuvieron dificultades para comprobar el correcto uso del dinero público no es culpa de la instancia revisora y menos aún de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, aunque, por costumbre, los ediles y los ex arguyan que el atraso en la calificación de su cuenta pública obedece a razones políticas.

O por el cambio de estafeta. Su relevo, pues, pa’ que lo entiendan con toda claridad.

Se lo comento porque este tema, hay quienes tratan de soslayarlo.

Y corresponde, precisamente a la LXVI Legislatura del Congreso local, aclarar que esa fiscalización es realizada sin distingos de ninguna clase, porque su manejo está más allá de todo grupo de interés.

Es decir, que las 43 administraciones municipales reciben el mismo trato, por lo que ningún edil o ex tendría razón para esgrimir irregularidades en la calificación de su cuenta pública, si acaso ésta no fuera aprobada en tiempo y forma, como ocurre con las cuentas de ejercicios anteriores de ciertos munícipes en funciones y de otros que, a casi cuatro meses de haber concluido sus mandatos, aún tienen pendientes.

De las cuentas reprobadas por el Congreso, sé que suman 60: 11 del 2022 y 49 del 2021.

A principios del próximo mes, cuando la LXVI Legislatura reanude sus labores –correspondientes al segundo período ordinario de sesiones de su primer año de ejercicio constitucional–, tocará revisar las cuentas públicas rezagadas –y calificar éstas a la comisión legislativa–, por lo que considero pertinente aclarar que la Auditoria Superior del Estado es el órgano técnico de fiscalización, control y evaluación gubernamental y tiene personalidad jurídica y patrimonio propios; autonomía técnica, presupuestal y de gestión.

Se regula por la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tamaulipas, la cual tiene como objeto regular la función de fiscalización, control y evaluación de la actividad financiera pública del Estado y de sus municipios, así como de las entidades que dentro del mismo realicen gasto público federal, estatal o municipal, según sea el caso.

Por eso es pertinente comentar que, en torno a este asunto, en febrero próximo, se daría mucho de qué hablar.

Y más si consideramos que hay alcaldes (y ex) que a estas alturas ya sienten pasos en la azotea.

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