Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
El tema del agua, como un derecho humano –desde que fue elevado a ese rango por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)–, no ha sido debidamente atendido por las autoridades encargadas de su manejo para consumo humano.
En un estudio de la investigadora Marisol Anglés Hernández, publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se advierte qué se requiere para cumplir el marco jurídico: Disponibilidad, calidad, accesibilidad, discriminación nula y acceso a la información.
Esas consideraciones asociadas a mi experiencia –como usuario del servicio de agua potable–, me hacen suponer que existen violaciones a los acuerdos internacionales, como a las leyes nacionales, estatales y municipales, a los derechos humanos, porque el derecho al agua es inalienable y al negársenos por una escasez mal prevenida resulta un claro atentado contra los usuarios del servicio.
Hay casos deplorables como el hecho de haber visto gente caminando con ‘yogas’ en hombros para llenarlas por donde pasaban las ‘pipas’ en los tiempos de escasez; otras pidiendo en comercios que les dejaran tomar el líquido de las cisternas (la mayoría sin mantenimiento previo); pero, lo que más me conmovió, fue haber visto (hace menos de un año) a un niño que sació su sed en un arroyo urbano, porque en su hogar era ‘un lujo’ beber agua de la llave.
No potable ni limpia o saneada, porque en Ciudad Victoria, no la había.
‘Chequé’, también, las tarifas que cobra la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) a los usuarios por brindar el servicio –y/o en su caso las de la Junta (municipal) de Aguas y Drenaje–, encontrándome con que el contrato establece que éstas deben cubrirse, en tiempo y forma, so pena de inhabilitar el servicio, pero no refiere qué procede cuando el organismo incumple su obligación.
Así que indagué sobre el derecho al agua.
¿Negarlo es violatorio a los derechos humanos, o no?
Para el desarrollo de esta investigación consulté varias posiciones de estudiosos y todos, por cierto, coinciden en que hay claras violaciones a los derechos humanos, en principio; también consulté las legislaciones estatales y municipales en la materia, por lo que resulta imperiosa la necesidad de reformarlas para garantía ciudadana, so pena de seguir violentado el marco jurídico.
El suministro de agua potable en todo Tamaulipas aún es deficiente y atentatorio contra los derechos humanos, pues los organismos encargados de proporcionarlo no cumplen su función –violentando los principios jurídicos constitucionales, tanto como los acuerdos internacionales–, pero obligan a los usuarios a pagarles por un servicio que no reciben, so pena de cortarles la conexión a la red como medida de presión leonina.
Desde hace al menos catorce años los aproximadamente 450 mil habitantes de la capital de Tamaulipas han carecido de éste, sin mediar explicación valedera por parte de las Comapa’s o las JAD’s, por lo menos, justificarse por la falta del vital líquido y su saneamiento.
¡Ah!, pero cuando detectan falta de pagos y/o adeudos inmediatamente dan instrucciones para cerrarle la toma haya o no tenido acceso al servicio, pese a que el domicilio lo habiten adultos de la tercera edad, mujeres embarazadas y niños.
En su atentado contra los educandos y trabajadores, los organismos responsables del servicio igual incurren en ilícitos.
Pero eso es harina de otro costal, aunque no menos importante.
En principio detecto abuso por parte de las autoridades del agua –con la tolerancia del organismo regulador: Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas (CEAT)–, pues de otra forma no se cometerían afrentas de tal tipo.
Máxime cuando incumple las leyes internacionales, nacionales, estatales y las municipales al negar el servicio, en claro atentado contra el derecho humano al agua que hace apenas dos años fue elevado a rango constitucional.
En esta ocasión, solamente me ocupo del suministro de agua potable limpia y su saneamiento, acorde a las disposiciones internacionales, pues el problema del agua en todas sus aplicaciones nos ocuparía una mayor investigación y más espacio en las páginas de los periódicos.
Así que circunscribo el tema a la obsolescencia legal para que las autoridades cumplan con sus obligaciones de dotar a la sociedad de agua limpia y saneamiento conforme a derecho.
Todo esto es del conocimiento del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien gestionó que los organismos encargados del servicio ya no fueran operados por funcionarios improvisados, sino por gente que sí le sepa al tema y se encargue de esos organismos no para servirse –como lo hicieron sus antecesores–, sino para servir a la sociedad.
Lamentablemente hay alcaldes que se niegan a acatar la disposición y mediante amparos pretenden seguir saqueando las Comapa´s o JAD’s.
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