Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
La (nueva) Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación determina que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “tendrán derecho a un haber por retiro, de carácter vitalicio”, el cual será equivalente al 100 por ciento durante los primeros dos años; y al 80 durante el resto del tiempo.
Esta oferta fue más convincente que las presiones presidenciales para que, 8 de los 11 ministros se decidieran a presentar su renuncia anticipada, ante el Senado de la República, al vencerse el plazo fijado por la misma ley (octubre 30 de 2024), mediante un documento donde consignan no tener el interés de participar en la elección de juzgadores a realizarse en 2025.
Quienes entregaron la carta de dimisión son, por orden de antigüedad: Luis María Aguilar Morales –impuesto por el ex presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa–; Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Norma Lucia Piña Hernández –recomendados de Enrique Peña Nieto–; Juan Luis González Carrancá y Ana Margarita Ríos Farjat, cuyos nombramientos los ordenó el ex mandatario Andrés Manuel López Obrador.
Sólo rehusaron el beneficio: Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama, también impuestas por el tabasqueño.
Sin embargo, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva de la Cámara alta los amaga con que, quizás, ninguna sea aceptada, por el alto gasto que representa esta pensión vitalicia, que él y la bancada aliancista senatorial, aprobaron acaloradamente y de prisa, lo que lleva a suponer que ni siquiera leyeron el documento, al hoy negarse a respetar su contenido.
Ciertamente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ‘los ministros sólo podrán renunciar por causas graves’. Pero la reforma judicial determina que los ministros actuales podrían renunciar, y gozar de su haber de retiro, que ascenderá hasta $ 206,948.00 mensuales, aproximadamente.
Fernández Noroña dice: “Efectivamente ellos (los ministros) reconocen que la Constitución vigente, si presentan hoy su renuncia, a más tardar, les da un retiro con todos sus haberes. Esa parte de la Constitución les gusta mucho. Miren qué simpáticos”.
Por tanto, será el Senado quien evalúe si aceptan las renuncias o no a los ocho ministros.
Claudia Sheinbaum Pardo, por su parte, manifestó que “es un montón de dinero”, pero nadie se ha atrevido todavía a sugerir que se reforme otra vez la Constitución para eliminar lo concerniente al retiro de ministros.
Lo que sí está en duda, es la aceptación de las dimisiones aun cuando la misma ley contempla esa salida para que los juzgadores se retiren antes de cumplir su mandato constitucional; y negarles ese derecho haría ver mal a los senadores que aprobaron la reforma judicial.
No pueden decirse engañados, tampoco, pues durante muchos meses el propio tabasqueño y el diputado Ricardo Monreal Ávila se encargaron de exhibir los excesos de los ministros elevados a rango constitucional.
¿Qué sigue en este pancracio?
Caso Gattás
El pasado martes (octubre 29) venció el plazo de tres días hábiles para que el presidente municipal de Victoria, Eduardo Abraham Gattás Báez, e igual el grupo de ediles que demandan su remoción presentaran pruebas ante el Congreso del Estado.
Cada una de las partes en ese conflicto remitieron lo que consideraron pertinente; por lo que, enseguida, inició el periodo de alegatos cuyo término concluye el lunes próximo, para pronunciarse respecto de los dichos de su contraparte y, en su caso, abundar sobre requerimientos que consideraran necesarios las comisiones dictaminadoras.
Desahogada esa etapa del procedimiento, es decir, ya escuchadas las partes y conocidas las pruebas, las comisiones unidas de Gobernación y Asuntos Municipales estarán en condición de emitir un dictamen, desde el mismo lunes, para ser puesto a consideración del pleno. Eventualmente la semana entrante.
El procedimiento legislativo, instaurado a partir del recurso promovido por 16 de los 24 integrantes del Cabildo, es independiente a lo que dentro de la administración municipal se hace, o se deja de hacer, con respecto al cumplimiento de la responsabilidad de elegir en el cuerpo colegiado a los funcionarios municipales, establecida en la legislación vigente, así como otros preceptos precisamente mencionados y marcados en sus términos por la Constitución, el Código Penal y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, entre otras.
Por cierto, en este su derecho legal para defenderse del linchamiento político que pretende ejecutar en su contra parte del Cabildo de Victoria, el alcalde, Eduardo Abraham Gattás Báez, recurrió al Tribunal Electoral de Tamaulipas para defenderse del procedimiento, pues, según dijo, los legisladores no revisaron la legitimidad de quienes piden su remoción.
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