Golpe a golpe

Por Juan Sánchez Mendoza

El artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece, muy claramente, que: “Los ministros de los cultos nunca podrán,
en reunión pública o privada constituida en junta, ni en actos del culto o de
propaganda religiosa, hacer crítica de las leyes fundamentales del país, de
las autoridades en particular, o en general del gobierno”.
Sin embargo, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) a través
de un comunicado signado por cuatro arzobispos y dos obispos, transgrede
la legalidad al opinar sobre la posible reforma judicial.
Arguyen que: “La propuesta de reforma impulsada por el Ejecutivo, no
responde a una revisión integral del sistema judicial, ni garantiza una mejor
y más cualificada impartición de justicia, más aún, afecta la autonomía del
Poder Judicial y pone en entredicho la división de poderes que establece
nuestra Constitución…
“Por tal motivo –dicen–, pedimos que se escuche el punto de vista de
los integrantes del Poder Judicial de la Federación, a los jueces y
magistrados, ministros y ministras. Y alentamos a continuar las reflexiones
de colegios de abogados, estudiantes y profesionistas en las que coindicen
con distintos organismos internacionales, en las que manifiestan que la
elección para el cargo de jueces y magistrados, además de politizar y

debilitar la impartición de la justicia en México, no ofrece ninguna garantía
para superar la corrupción y la impunidad que requiere urgentemente la
ciudadanía”.
Esa crítica realizada por los arzobispos de Monterrey (Rogelio Cabrera
López), Yucatán (Gustavo Rodríguez Vega), San Luis Potosí (Jorge Alberto
Cavazos Arizpe), León (Jaime Calderón Calderón); como de los obispos de
Cuernavaca (Ramón Castro Castro) e Irapuato (Enrique Día Díaz), coincide
con la apreciación de millones de mexicanos.
No obstante, es violatoria del marco legal –aun cuando tengan razón–
en su apreciación de que la reforma judicial, en el fondo, es necesaria, pero
no en la forma.
Tanto que merecen al menos una aclaración por parte de la secretaria
de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján y del presidente Andrés Manuel
López Obrador, pero ésta no llega porque ambos parecen temer más a ‘los
representantes de Dios’ que a los más de 132 millones de compatriotas.

Separación con el Estado
Las relaciones Iglesia-Estado, contra lo que se piensa, son tan tensas que
el Clero bien haría en recordarles a sus sacerdotes que nadie, bajo ningún
argumento, se encuentra eximido del respeto y la obediencia al régimen de
Derecho.
Igual, se les debe refrendar que ningún ministro de culto puede ni está
autorizado para involucrarse en asuntos políticos; y que, al emitir mensajes
apartados del quehacer religioso, se exponen a ser considerados ‘agentes’
de la desunión y la discordia.
De ahí que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), en pleno,
esté obligada a entender que, su práctica, no es política, para no pontificar

sobre lo que es responsabilidad específica de los seglares. Y también que
su mensaje debe ser netamente religioso y plenamente humano.
De cualquier forma, supongo que las declaraciones realizadas por los
presbíteros católicos no son gratuitas, sino parte de una estrategia para ser
beneficiados con otra reforma al artículo 130 constitucional.
Esto porque el agua ya le está llegando a los talones, debido a que las
iglesias evangélicas y otro tipo de cultos crecen rápidamente en el país.
Y todo por dedicarse la CEM a cuestiones del César y no de Dios.
Pruebas sobran de su inclinación para favorecer a la derecha (o sea al
PAN) y satanizar a la izquierda (léase morena).
Por eso, hoy vemos que su intención de participar en política es clara,
con la consecuente manipulación de conciencias.

Lección legislativa
El ideólogo Jesús Reyes Heroles, plasmó en un discurso:
“Para ser un buen legislador, es indispensable ser un buen procurador
de pueblos. Y para ser un buen procurador de pueblos, es indispensable
alcanzar la altura de legislador.
“Un senador o diputado se debe a la Nación, pero, también, se debe a
su circunscripción, a su distrito.
“Debe, por igual en nuestra teoría y nuestra práctica atender al interés
general y ser gestor. Y que no nos asuste la palabra gestor.
“No se trata de ser tramitador de negocios, sino de algo mucho mayor;
de ser procurador de pueblos, del bien de pequeñas colectividades que
han confiado sus intereses a quien, representando a la Nación, representa
aquello que para muchos es poco, pero grande: el pequeño beneficio
colectivo, la obra común, el servicio social.

“¿Cómo puede un senador o diputado ser auténtico legislador?
“¿Necesariamente tiene que ser jurista?
“La experiencia de los pueblos, su evolución histórica, demuestra que
no. Es más, frecuentemente los legisladores más innovadores, más
dispuestos a modificar el contexto en que viven, son aquellos que no están
constreñidos por la prudencia que exige el saber jurídico.
“Frecuentemente, a los juristas les toca conservar, más que
transformar; y a los no juristas hacer que éstos, los juristas, acoplen su
espíritu de lógica formal a las ansias de transformación.
“El espíritu de moderación debe ser el del legislador, pues el bien
público tiene dos límites: el del exceso y el de la falta, el de lo mucho y el
de lo poco”.
¡Vaya, lección!
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