En las elecciones locales de Hidalgo y Coahuila de ayer se utilizó en forma restringida el denominado “voto electrónico”, que sin duda llegó para quedarse luego de que en pruebas preliminares ha dado buenos resultados, pero sobre todo porque evitará las extenuantes jornadas que tienen los funcionarios de casillas al contar los votos emitidos y posteriormente dicha tarea por funcionarios del Instituto Nacional Electora (INE) cuando tienen que recontar los sufragios a causa de alguna queja emitida por algún partido político inconforme.

          En Hidalgo de instalaron 40 urnas electrónicas, mientras que en Coahuila se colocaron 54 como una prueba piloto con miras a las elecciones del 2021, cuyos votos serán reconocidos como válidos para los resultados que se obtengan en ambas entidades federativas.

          Las ventajas de las urnas electrónicas son atractivas porque no sólo se reduce el tiempo para conocer los resultados porque se darán en forma automática, sino también generarán grandes ahorros luego de que ya no se requerirán los cursos de capacitación de funcionarios de las casillas, así como el gasto en materiales electorales, como es el caso de la tinta indeleble, boletas con marcas de seguridad para evitar fraudes, entre otras.

          Aunque hay algunos escépticos acerca de la seguridad de las urnas electrónicas porque temen que sean vulnerables a los ataques cibernéticos y por ende alterar el número de votos recibidos para cada contendiente, lo cierto es que las autoridades electorales cuentan con sistemas tecnológicos desarrollados para protegerlas y asegurar que los resultados reflejan la voluntad ciudadana.

          Además de las urnas electrónicas, en las elecciones locales de Hidalgo y Coahuila se utilizaron otras novedades a causa de la contingencia sanitaria por el coronavirus, como fue el uso de caretas de protección, cubrebocas, gel antibacterial y cinta para marcar la sana distancia entre uno y otro votante.

          Y como en todo proceso electoral, se registraron algunos incidentes e imprevistos, entre los que se encuentra la detención de la diputada federal Sandra Simey Olvera Bautista de Morena en Chilcuautla, Hidalgo, acusada de la compra de votos y de operar a favor de la profesora María Patricia González de la Cruz, candidata a la alcaldía local.

          Olvera Bautista rechazó las acusaciones, sin embargo, representantes del PAN y del PRI, presentaron una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), que preside la consejera Guillermina Vázquez Benítez, a fin de que se investigue este caso para dirimir responsabilidades ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), que encabeza José Agustín Ortiz Pinchetti.

De igual forma, otro hecho que llamó la atención fue el mensaje que subió el consejero del INE, Ciro Murayama Rendón, para señalar que la senadora con licencia Citlalli Hernández Mora estaba violando la ley por promover el “voto masivo” a favor de las y los candidatos de Morena en Hidalgo en plena jornada electoral, por lo que las autoridades del IEEH deberán de proceder conforme las leyes electorales vigentes.

También el IEEH decidió durante una sesión en la madrugada de ayer no utilizar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) por una falla técnica y suplirlo por el programa “Preliminares Hidalgo 2020”, ya que ambos cumplen con la función de hacer públicos los resultados de las actas de las tres mil 738 casillas que se instalaron el pasado domingo.

Se espera que no existan problemas con los resultados emitidos tanto en Hidalgo como en Coahuila, luego de que se pospusieron las elecciones locales por tres meses a causa de la crisis sanitaria por el coronavirus en el país.

Por otra parte, en el Senado se iniciará la discusión acerca de eliminar los 109 fideicomisos que aprobó la Cámara de Diputados, ya que, si bien es cierto que Morena también tiene mayoría, resulta que aquí se puede parar ante el llamado bloque opositor integrado por el PAN, PRI, PRD, MC y algunos legisladores del PT y de Morena que se han negado a la “lealtad ciega” que demanda el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La bancada del PT, que coordina Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, anunció que defenderá la permanencia de 35 fideicomisos, que representan 21 mil 770 millones de pesos, aunque puede cambiar esta situación luego de que el político tabasqueño les recordó que fue una promesa de campaña.

También otros legisladores de Morena se oponen a la eliminación de los fideicomisos fue el caso de Wendy Briceño Zuloaga, Rocío Barrera Badillo, Lorena Villavicencio Ayala y Sergio Mayer Bretón, pero les ganó la mayoría de su propia bancada que ejercen plenamente la “lealtad ciega”.

En el ámbito local, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca hace equipo con los integrantes de la Alianza Federalista de Gobernadores (Alfego) para tratar de evitar la eliminación de varios fideicomisos porque afectarán las actividades productivas de nuestra entidad.

          Uno de los fideicomisos que están en peligro es el Fondo Metropolitano que se utiliza para obtener recursos federales para obras de infraestructura vial, como las que se realizaron en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira.

          De ahí, que la sociedad tamaulipeca estará muy pendiente de cómo votarán los senadores tamaulipecos, como es el caso de los morenistas María Guadalupe Covarrubias Cervantes y Américo Villarreal Anaya.

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