Las bancadas del PAN, PRI, MC y PRD en el Senado coincidieron en que el acuerdo con el que se regula la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública evidencia la “militarización” de la República.
Después de sostener que no hay circunstancias que ameriten el involucramiento del Ejército y la Marina en estas tareas, los grupos de oposición reclamaron explicaciones para saber por qué el presidente tomó esa determinación.
Al respecto, el senador del PAN, Damián Zepeda, señaló: “Es la aceptación de la militarización permanente en este sexenio de la seguridad pública».
Agregó que “seguramente las Fuerzas Armadas estuvieron presionando para el que se les reconociera legalmente esta intervención, porque la realidad es que por más que el Presidente ha estado diciendo que su estrategia es distinta, nunca como antes, jamás había insistido tanto en miles de militares encargados de seguridad pública en la historia reciente».
Para el panista, el documento refleja el fracaso en el combate al crimen organizado.
«La seguridad del País está fuera de control. Es evidente que el Gobierno no está pudiendo y de plano le está entregando a las Fuerzas Armadas la seguridad pública. Es un fracaso absoluto de la Guardia Nacional», dijo.
Por su parte, el senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, anunció que el Senado exigirá al presidente que explique por qué decidió echar mano de las Fuerzas Armadas.
“Me parece la contradicción más grande en el Gobierno: son ellos mismos los que gritaban desde la tribuna en contra de la Ley de Seguridad Interior. Estos son los mismos que se pronunciaron mil veces contra la militarización del País, pero no encuentro, además, ninguna razón extraordinaria para sacar ese decreto ahora», sostuvo el senador priista.
“Entonces, para qué se creó la Guardia Nacional; en los hechos se está militarizando el País. Pero ¿cuál es la razón del decreto? El Senado debe pedir puntual explicación al Secretario de la Defensa, al Presidente y a la Secretaria de Gobernación. ¿Qué situación está previendo el Gobierno que pueda sobrevenir, al grado que se necesita al Ejército haciendo tareas de seguridad interior?», apuntó.
El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara alta, Clemente Castañeda, afirmó que el decreto violaba las consideraciones legales para involucrar al Ejército y la Marina.
Tras sostener que “la militarización” implica “un retroceso gravísimo” para el orden público civil, Clemente Castañeda advirtió que el acuerdo va más allá de la reforma constitucional que se aprobó con la creación de la Guardia Nacional.
«La reforma», explicó, «aprobó un transitorio para que las Fuerzas Armadas pudieran actuar durante cinco años pero bajo los criterios de convencionalidad, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada coplementaria; el problema es que el decreto no solamente no cumple con estos principios sino que los viola», dijo el legislador.
«De cualquier forma, no se justifica (la intervención de las Fuerzas Armadas. Porque su actuación debe estar subordinada al mando civil, y lo que estamos viendo es que el Presidente renuncia a su estrategia de de seguridad pública y de construir un mando civil de la Guardia Nacional», sostuvo Castañeda Hoeflich.
El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, explicó que la medida es un reflejo del quinto transitorio de la reforma constitucional que dio pie a la Guardia Nacional.
«Es la militarización, sí. Lo que está haciendo el Presidente es eso: está dando la orden a las Fuerzas Armadas para que participen en tareas de seguridad pública», detalló.
