CIUDAD VICTORIA, (ASI).— El Presidente Andrés Manuel López Obrador diseñó una camisa de fuerza para constreñir, reducir, sujetar, limitar al aparato gubernamental y obtener ahorros de dinero, que volcará sobre el plan de rescate sanitario y económico.
Ahora sí que el poder ejecutivo federal se apretó el cinturón y hasta en exceso, pues es fabulosa la cantidad de montañas de billetes que se necesitan para ir al rescate de las actividades productivas y de la salud pública.
Claro, lo más fácil y cómodo hubiera sido recurrir al modelo neoliberal que resolvía en el pasado este tipo de crisis: préstamos internacionales.
Pero el Presidente quiso mantener vigente su premisa de no más impuestos, no gasolinazos, no más deuda pública, y optó por aplicar un plan draconiano para reducir el gasto público y conseguir ahorros.
A través de 11 medidas que entraron desde ayer en práctica, el Palacio Nacional inició su proceso de adelgazamiento que redundará en su pobreza: disminuirán los salarios de los servidores públicos en una proporción del 25 por ciento. De sub-director de área para arriba.
Las dependencias federales ejercerán sólo el 25 por ciento de los presupuestos que tienen asignados. Desaparecerán diez Sub-secretarías de Estado. Ya no pagarán rentas por algunos edificios, vehículos, bodegas y otros inmuebles.
Se suprimen programas, excepto los de pensiones para adultos mayores, madres solteras, personas con capacidades diferentes, los de apoyo a niños, las becas Benito Juárez, tandas para el bienestar y otras de igual importancia social.
Las Secretarías quedan obligadas a reducir sus gastos, menos las de Salud, Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina.
Con todos los ahorros resultantes, más recursos propios, el gobierno blindará la asistencia social, el reparto de participaciones a los Estados y las obras prioritarias, por un monto global de 622 mil 556 millones de pesos.
Está contemplado atender las necesidades de los mexicanos pobres a través de la prestación de tres millones de créditos a la población más necesitada y a la clase media. Se crearán de aquí a diciembre, dos millones de nuevos empleos.
AMLO hizo destacar en su mensaje mañanero, la importancia de no recurrir a la deuda pública pues se hipoteca el futuro. Llegó tarde la recomendación a Tamaulipas, pues el Gobernador ordenó a su bancada azul que le autorizara contratar 4,600 millones de pesos.
Hasta las 16:30 horas de ayer, el número de contagios positivos en Tamaulipas era de 252 y 9 fallecimientos, con la advertencia de las autoridades sanitarias, de que esta y la siguiente semana son las de más alto riesgo.
Se necesitará tanto dinero para combatir la epidemia, que López Obrador autorizó que se ponga en marcha el procedimiento de extinción de dominio, en el caso de cuentas bancarias incautadas a narcotraficantes.
Se trata de cinco mil cuatrocientos millones de pesos y de 52 millones de dólares, congelados en bancos, producto de actividades ilícitas, de acuerdo a la información del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.
El crecimiento vertiginoso del contagio se debe a que hay mucha desobediencia ciudadana respecto de las recomendaciones de los expertos en la materia.
Tamaulipas volvió a ganar un primer lugar nacional pero para agregarla a su leyenda negra, pues Río Bravo aparece como la ciudad con el más alto nivel de movilidad de personas.
Así se reveló en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, aunque otras muchas poblaciones del país también desatienden el pedido de permanecer en casa y aplicar reglas de higiene personal.
El Consejo Nacional de Salubridad acordó pedir a los Gobernadores, que establezcan mecanismos para reducir la movilidad de habitantes entre municipios con distintos grados de propagación.
Lo que quisieron decir es que se decrete cuarentena en ciudades enteras, para que nadie salga ni entre (excepto en los casos obvios) cuando el riesgo de contagio sea inminente.
Otros damnificados del Covid-19 fueron a tocar las puertas del palacio de gobierno, también para pedir apoyos, y los agregaron a la lista de espera. Son meseros, cocineros, parrilleros y bar-man.
Músicos, choferes de micros, comerciantes ambulantes, aseadores de calzado, son gremios que padecen peor que nadie la epidemia por haberse reducido a cero su actividad comercial, pero Cabeza de Vaca no les ha dado la mano.
Por cierto, el Congreso local sesionó ayer mediante el mismo procedimiento de auto-protección, que es el de puertas cerradas.
El diputado Gerardo Peña Flores subió a tribuna para proponer que se endurezcan los castigos penales a quienes agreden en la vía pública a médicos, enfermeras y personas con actividades afines, por creerlas transmisoras del coronavirus.
Pidió el legislador fronterizo, reclusión por hasta cuatro años y medio y multas económicas por 26 mil pesos, a quienes incurran en el delito de atentar contra estos servidores del sector salud.
En diferentes partes del país han ocurrido estos lamentables hechos, donde hombres o mujeres, inciviles, arrojan líquidos e insultan a personas con uniformes característicos de hospitales.
Peña Flores también pidió aplausos como reconocimiento a los trabajadores del sector salud, por su contribución en mantener sanos a los tamaulipecos, participando en las estrategias contra el coronavirus.
En la misma sesión, las diputadas Olga Garza Rodríguez, del PRI, y Sonia Mayorga López, del PAN, coincidieron en proponer, por separado, una reforma al código civil para hacer legal suspender el pago de la renta de casas.
Turnaron a comisiones ambas propuestas para su discusión y dictamen.
Por su parte, la diputada Juana Sánchez fue enviada a la tribuna para insultar al diputado local de MORENA Rigoberto Ramos Ordóñez, con el pretexto de que repartió apoyos en colonias de Reynosa, sin protección sanitaria.
Lo llamó cobarde e irresponsable, mostró fotografías que muestran a Rigoberto ayudando a la gente pobre de Reynosa y le endilgó cualquier otro número de groserías, en un descarado afán por sacarlo de sus casillas y obligarlo a responderle con exabruptos para luego lloriquear, diciéndose agredida.
Rigoberto no cayó en la trampa y simplemente le sonrió desde su curul.
Otro tema interesante es la versión de un encuentro ocurrido en Ciudad Victoria, donde Rigoberto Ramos Ordóñez pidió a legisladores, la firma de adhesión a una propuesta suya, de controversia constitucional.
Se trata del documento que se pretende llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocando una acción de inconstitucionalidad, en el acuerdo del Congreso local, de mayoría del PAN, donde autorizan la mega-deuda de 4,600 millones de pesos.
Se pedirá a los Ministros que declaren ilegal el acuerdo de la bancada del PAN y la diputada del MC Patricia Pimentel Ramírez, porque se trata de un préstamo que no tiene sustento jurídico, y además, porque no hay certidumbre de que el dinero tenga buen uso.
Edna Rivera López y seis diputados que le son adictos en una bancada parlamentaria que está truqueada, pidieron una semana para decidir si firman o no el documento que busca “tumbar” el préstamo.
Los observadores interpretan la demora en una maniobra para ganar tiempo y hacer una negociación que redunde en la pregunta del viejo cuento campirano donde el campesino ladino pregunta con fingida candidez: “¿y yo en que me beneficeó?”
Ayer se desataron los demonios pues asesinaron a un elemento de la Guardia Nacional en una brecha de Tula, a un agente de tránsito casi a las puertas del palacio municipal de Ciudad Mante, a un ex militar en Reynosa.
Un ex policía estatal escapó de una lujosa casa donde permaneció diez días secuestrado, en la aristócrata colonia Los Leones, de Reynosa. Balearon a una pareja en la colonia Las Flores de Ciudad Victoria, falleciendo el varón.
En un ejido de Hidalgo masacraron a dos mujeres y a un hombre.
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