“ENLACE POLÍTICO” 7 NOVIEMBRE 2019
POR: ALEJANDRO GOVEA TORRES
Diputadas y diputados deberán de tomar muy en serio que problema social que se avecina en el 2022, puesto que el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) cumplirá 25 años de su creación y por ende se prevé que se jubilarán cerca de 80 mil trabajadores que serán los primeros en pensionarse bajo el régimen de cuentas individuales luego de la reforma de 1997.
Resulta que muchos trabajadores no alcanzarán a acumular las 1,250 semanas de cotización necesarias para obtener una pensión mínima garantizada, ya que algunos dejaron de laborar por varios años, mientras que otros se cambiaron de empleo y no fueron inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Se habla de que este grupo asciende a unos 56 mil trabajadores que dentro de tres años iniciarán sus trámites de jubilación, pero no tendrán derecho a una pensión porque no lograron acumular las 1,250 semanas de cotización que marca la ley del SAR.
Además, diputadas y diputados deben desde ahora “arrastrar el lápiz” para mejorar las pensiones que reciben los trabajadores, debido a que cientos y cientos de trabajadores reciben una miseria cada mes porque no ahorraron más en el régimen de cuentas individuales o provienen del sistema solidario que había antes de la entrada en vigor del SAR.
Aunque algunos pensionados han recibido el apoyo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, resulta insuficiente ante la carestía que hay en vivienda, alimentos y medicinas que afecta directamente a las personas mayores de 65 años.
A propósito, los jubilados del IMSS y del ISSSTE esperan que ahora sí se cumpla el compromiso del presidente López Obrador de cancelar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) con que se calcula el pago de pensiones, ya que reciben menos de cuando se cotizaban a través de los salarios mínimos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió recientemente una jurisprudencia que señala claramente que se deje de aplicar el UMA en el calculo de las pensiones, precisamente porque resulta nocivo para la economía de jubilados y pensionados en el país.
De regreso con el trabajo que tienen diputadas y diputados, no se vale que sólo propongan aumentar el número de años para la jubilación con el argumento de que se amplio la expectativa de vida de las y de los mexicanos, ni tampoco que se incrementen las aportaciones que hacen los trabajadores.
Si bien es cierto que ahora la expectativa de vida aumento a 90 años para las mujeres y a 85 años para los hombres, se debe de crear un sistema que les permita a los trabajadores gozar de su tiempo libre luego de trabajar por más 30 años, sobre todo cuando existen mecanismos financieros que reditúan los ahorros que han hecho en sus cuentas individuales.
De igual forma, las cuotas que aportan los trabajadores deben, sin duda alguna de aumentar, pero también se requiere de mayores sacrificios de empresarios y autoridades para mejorar las pensiones.
En otro tema, el rector José Andrés Suárez Fernández presidió la 9° reunión del Colegio de Directores de la UAT, que en esta ocasión se realizó en la Facultad de Enfermería de Nuevo Laredo, en donde se habló de las metas alcanzadas en proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional.
Suárez Fernández aseveró que el 95% de los programas educativos de nuestra alma mater fueron evaluados y acreditados por su calidad, además se incrementó el número de catedráticos inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores, a fin de fortalecer nuevos proyectos de investigación científica en las distintas áreas del conocimiento.
También destacó el trabajo que ha hecho la Comisión Legislativa de la Asamblea Universitaria a fin de actualizar el marco legal de la UAT, debido a que se buscar armonizarlo con leyes externas conforme el Plan de Desarrollo Integral.
El rector de la UAT aprovechó la reunión con los directores para darles a conocer que existe una estrecha comunicación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para presentar un frente común en la defensa del presupuesto del 2020 ante la serie de recortes en áreas sustantivas de la educación, como es el caso de la investigación.
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