Monterrey, NL, La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) notificó a la paraestatal Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) la autorización de manera condicionada para construir la presa Libertad en el cauce del río Potosí, obra que afectará a los municipios de Linares y Montemorelos, advirtieron ambientalistas y campesinos de esas demarcaciones. Entre las condicionantes para la presa Libertad, cuya cortina tendrá una longitud de mil 915 metros y una altura promedio de 40 metros, está ajustar el proyecto para permitir que fluya agua en las temporadas de estiaje y de lluvias. Además, la primera etapa del dique deberá erigirse en no más de tres años. En un oficio dirigido a Gerardo Garza González, director general de SADM, quien el 24 de mayo pasado presentó para su evaluación el manifiesto de impacto ambiental del proyecto, registrado con el número 19NL2019H0029, la Dgira respondió afirmativamente con el expediente SGPA/DGIRA/DG/06797 el 28 de agosto anterior. El informe incluye las características técnicas y las dimensiones que tendrá la presa Libertad, la cual ha sido impugnada desde mediados de este año por campesinos y ganaderos de Linares y Montemorelos, Nuevo León, así como por activistas y organizaciones ambientales que consideran que esa obra afectará la productividad agropecuaria y será nociva para los ecosistemas. La presa sobre el río Potosí (que los habitantes de Linares y Montemorelos conocen como Cabezones y Conchos) tendrá una cortina rígida de concreto compactado y será construida entre los cerros Pito Real, al norte, y La Chona y La Barretosa, al sur. El agua de la presa viajará por un acueducto de 830 metros hacia la planta de bombeo PB-2, de donde será llevada a la potabilizadora San Roque y de ahí a la zona metropolitana de Monterrey. La superficie total del proyecto es de 3 mil 166 hectáreas. Además, deberá edificarse un nuevo asentamiento humano, llamado colonia Libertad, con 114 predios, para la reubicación de los pobladores de las distintas comunidades que se encuentran dentro de lo que será el vaso de la presa, pues sus actuales viviendas serán inundadas, refiere el proyecto. La autorización tendrá una validez de tres años para la preparación del sitio y la construcción de las obras del proyecto y estará vigente por 25 años para operación y mantenimiento, explicó Garza González. La Dgira dio tres meses a SADM para que, antes del inicio de cualquier obra o actividad del proyecto, actualice el programa de rescate y reubicación de flora y fauna, que incluye más de una veintena de condiciones técnicas. El organismo federal advirtió que de no cumplir con las medidas de mitigación, las acciones del proyecto generarán impactos significativos derivados de la preparación del sitio, al eliminar cubierta vegetal de las áreas donde está presente, así como de la extracción de agua del río Potosí durante la operación. En Zacatecas, integrantes del ejido Atotonilco renovaron el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia y se manifestaron en contra de la construcción de la presa Milpillas en el municipio de Jiménez de Teúl. Con antelación a la asamblea, a la que asistieron para dar fe representantes de la Procuraduría Agraria, a petición de los campesinos, la delegada municipal Sandra Miranda encaró a un grupo de elementos de la policía estatal preventiva enviados por el gobernador Alejandro Tello Cristerna, y les exigió que se marcharan porque su presencia era violatoria de la autonomía ejidal. En tanto, el órgano interno de control de la Procuraduría Agraria notificó al ejido Atotonilco que se investigará y sancionará la presunta intromisión ilegal de autoridades de los tres niveles de gobierno en la asamblea ejidal del 14 de octubre de 2018, en la cual se aprobó la construcción de la presa Milpillas.
