* Urge que reciban orientación para exigir la reconstrucción, reparación, o en los casos más graves, cancelación de su deuda, ante la pérdida total de la vivienda.

La Mesa Directiva del Congreso, recibió diversas propuestas legislativas, destacando la aprobada con dispensa de trámite, al tratarse de un asunto urgente, a fin de exhortar al titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), brinde atención prioritaria a los habitantes de Reynosa, afectados por las inundaciones ocurridas recientemente.

La Diputada Juana Alicia Sánchez Jiménez, presentó un Punto de Acuerdo, que de manera prioritaria, brinden la atención a todos aquellos beneficiarios que hayan resultado afectados en las viviendas de su patrimonio, por las inundaciones ocurridas en la Ciudad de Reynosa y se les haga valido el seguro contra todo riesgo de pérdida o daño físico que ampara las casas financiadas por el INFONAVIT.

“Ante situaciones desafortunadas como la que se menciona, no se puede retardar en dichos tramites, por lo que se pide la atención necesaria que permita solventar la problemática generada por las lluvias en los hogares de miles de reynosenses que esperan regresar a su casa y su vida normal de manera pronta”, señaló.

Dijo que de acuerdo a las cifras oficiales, más de 55 colonias resultaron afectadas, dejando a 8 mil familias, siendo un total de 32 mil personas afectadas aproximadamente, “En el desafortunado desastre natural, se han dejado ver los daños materiales causados, por lo tanto, es necesaria la aplicación de los seguros de gastos catastróficos de aquellos casos en los que se estima procedente se haga efectiva dicha garantía”, agregó.

Sánchez Jiménez, solicitó la aprobación de su propuesta, con dispensa de trámite por tratarse de un asunto urgente, recibiendo el aval del Pleno, pues saben de la importancia de que los afectados reciban atención y orientación necesaria para exigir la aplicación de esta cláusula que les permitirá reconstruir, reparar, o en los casos más graves, cancelar su deuda ante la pérdida total de la vivienda.

En esta misma sesión, el legislador José Hilario González García, promovió reformas a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, para aumentar de cinco a diez días laborales, de licencia por paternidad, en caso del nacimiento de un hijo o por adopción.

“Es necesario aumentar este plazo, para que el padre, pueda satisfacer necesidades básicas de cuidado tanto del menor, como de la pareja, ya que, estamos convencidos de que acciones como estas, generan en gran medida, bienestar para nuestra sociedad”, puntualizó.

En el apartado de Iniciativas, el Diputado Arturo Esparza Parra, planteó modificaciones a la Constitución Política del Estado, en aras de realizar el cambio de denominación “Auto de formal prisión” a “Auto de vinculación a proceso”, ya que precisamente el principio de progresividad marca un compromiso para el Congreso local, en virtud de avanzar gradual, y en vigilancia permanente de la armonización jurídica que lo requiera.

Al hacer uso de la máxima tribuna, el legislador Oscar Martín Ramos Salinas, presentó  un exhorto que busca se implementen medidas necesarias para que, los trabajadores de la educación que optaron por el régimen de cuentas individuales antes del 31 de diciembre de 2007, y así lo deseen, puedan reincorporarse al régimen de pensiones, que les permita alcanzar los diez salarios mínimos que determina la ley del ISSSTE.

Por su parte, el Diputado Clemente Gómez Jiménez, impulsó reformas a  la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en razón, de que es necesario que sea actualizada a la realidad social, a fin de que las Administraciones Públicas Federal y Estatal, puedan invertir mayores recursos para combatir plagas que afectaron a productores de la caña de azúcar.

Resaltó que las pérdidas por plagas como “la Rata Cañera”, “el Barrenador del Tallo de Caña de Azúcar”, y “la Mosca Pinta”, reflejan una suma total de 566 millones 392 mil 200 pesos, cantidades que alertan a ser conscientes, de que los productores de caña de azúcar requieren de la intervención de los Gobiernos Federal y Estatal, con la aportación de recursos económicos destinados a mitigar las pérdidas por estos daños.