La captura del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez no fue ninguna coincidencia con la reunión que sostuvieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump en la Casa Blanca, sino más bien una estrategia electoral de la que buscan beneficiarse ambos, ya que el tabasqueño requiere con urgencia recuperar la popularidad que ha perdido ante el pobre desempeño que ha tenido en lo que va de su administración, en tanto que el magnate neoyorquino busca tener el apoyo de alrededor de 36 millones de latinos de origen mexicano para lograr la reelección en las elecciones de noviembre en Estados Unidos.
López Obrador tratará de sacarle el mayor provecho político a la detención de Duarte Jáquez, puesto que ondeará con inusitada fuerza la bandera de su lucha contra la corrupción a partir de septiembre próximo, cuando arranque el proceso de las llamadas elecciones intermedias del 2021.
Y digo que ondeará con mayor fuerza la bandera en contra de la corrupción porque viene en camino el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien se comprometió a confesar todo acerca de la intrincada red de corrupción que se creó en torno a la empresa petrolera brasileña Odebrecht, cuyos sobornos sirvieron precisamente para financiar las campañas del PRI en el 2016, que llevaron a Enrique Peña Nieto a la presidencia de la república.
Y más ahora, que resurgió el caso de la llamada “Operación Safiro” con la detención de exgobernador Duarte Jáquez, quien tejió una red financiera, junto con varios de sus homólogos priístas en 2016, con el propósito de contribuir al financiamiento de las campañas electorales del PRI.
Entre los homólogos de Duarte Jáquez, se encuentra el también ahora exgobernador Egidio Torre Cantú, quien antes de dejar la administración estatal solicitó un préstamo que hizo crecer la deuda estatal a poco más de 11 mil 969 millones de pesos.
Recientemente, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), Raúl Ramírez Castañeda, anunció que luego de 24 meses de investigación se llegó a la conclusión que diversas empresas, coludidas con funcionarios de la administración de Torre Cantú, expidieron facturas falsas, ahora conocidas como “factureras”, que causaron un quebranto patrimonial de más de 2 mil millones de pesos entre el 2012 y el 2016.
No debemos olvidar que el ahora extitular de la Secretaría de Finanzas de la pasada administración estatal, Jorge Abrego Adame, fue uno de los amigos más cercanos de Torre Cantú, pero además se desempeño como operador en varias campañas electorales de candidatas y candidatos priístas.
Las empresas “factureras” que provocaron el desfalco de poco más de 2 mil millones de pesos en Tamaulipas, encuadra en la investigación que se sigue en la llamada “Operación Safiro”, según una reciente investigación que dio a conocer la organización: “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Seguramente la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Alejandro Gertz Manero, se convertirá en pieza importante para desentrañar la red de complicidades que se tejieron en torno a los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht con la extradición de Lozoya Austin y posteriormente con la llamada “Operación Safiro” con la extradición del exgobernador Duarte Jáquez.
A propósito, el fiscal general Gertz Manero deberá de dar el avance en las investigaciones en torno al cobarde asesinato de Alfonso Isaac Gamboa Lozano (QEPD), extitular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante la administración del Peña Nieto, ocurrido el pasado 21 de mayo en el fraccionamiento “La Brisas” del municipio de Temixco, Estado de Morelos.
Gamboa Lozano se le involucró en el tejido de la red financiera para financiar las campañas de PRI en el 2016, debido ,a que operó una serie de financiamientos a empresas fantasmas cuando el titular de la SHCP era Luis Videgaray Caso, quien junto con el entonces dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, operaron para transferir 250 millones de pesos a Chihuahua para financiar las campañas electorales del tricolor.
Aunque el asesinato de Gamboa Lozano se le quiere dar un sesgo de caso pasional, lo cierto es que la investigación de cargo de la FGR tiene muchas aristas con implicaciones políticas del pasado reciente.
De regreso con el argumento de que la detención del exgobernador Duarte Jáquez no es ninguna coincidencia sino más bien toda una estrategia política electoral que busca beneficiar a López Obrador y a Trump, no hay duda de que el escándalo mayúsculo que se espera por la investigación de corrupción le dará buenos dividendos que utilizará en las elecciones intermedias del 2021.
En el caso de Trump, la presencia de López Obrador en la Casa Blanca no tendrá un efecto positivo para convencer a los latinos de origen mexicano a que voten por él en noviembre próximo, puesto que no se les olvida los insultos que profirió el magnate neoyorquino hace cinco años, ni siquiera porque ahora dice que se trata de gente buena y trabajadora.
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